Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió una resolución de acusación formal contra nueve exmilitares del Ejército Nacional por cometer presunta tortura contra once civiles.
Estos graves hechos se habrían cometido en el marco de la operación de retoma del Palacio de Justicia, ocurrida entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, tras la incursión de un escuadrón de la extinta guerrilla del M-19. Los antiguos uniformados fueron llamados a juicio bajo la figura de coautores impropios del delito de tortura agravada.
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La implicación de oficiales de alto rango en la presunta tortura
La decisión judicial abarca a oficiales y suboficiales que, en la época de la tragedia del Palacio de Justicia, ocupaban puestos en unidades de inteligencia. La lista de acusados está encabezada por el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, quien en aquel entonces se desempeñaba como director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI).
Junto a Ramírez Quintero, la Fiscalía llamó a juicio a otras ocho personas, incluyendo a altos mandos retirados del B-2 (Unidad de Inteligencia de la Brigada XIII del Ejército): el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, quien era comandante de dicha unidad; el coronel (r) Fernando Blanco Gómez, exsubcomandante del B-2; el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez; y cinco sargentos en retiro que también hicieron parte del B-2.
Los elementos probatorios recopilados en la macroinvestigación indican que estos oficiales y suboficiales, haciendo uso de sus cargos, estuvieron involucrados en el trato cruel y degradante que sufrieron las 11 víctimas.
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Civiles Señalados Equivocadamente de ser ‘Sospechosos’
Los civiles afectados fueron personas que salieron del Palacio de Justicia en medio del intercambio de disparos entre las fuerzas del Estado y los integrantes del M-19. Estos individuos fueron tildados equivocadamente como “sospechosos” y sometidos a un calvario de humillaciones e interrogatorios.
Las víctimas fueron trasladadas inicialmente a la Casa del Florero, y desde allí conducidas a distintas instalaciones militares y de la Policía Nacional. Entre los torturados se encontraban dos estudiantes de derecho que simplemente se encontraban de visita en la sede judicial, los cuales, al igual que la mayoría de los afectados, fueron rescatados y luego llevados a diferentes lugares para ser interrogados antes de recuperar su libertad.
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Otro caso documentado por la Fiscalía es el de un funcionario de obras públicas. Este civil fue interceptado en un retén mientras se desplazaba, tildado de guerrillero y conducido a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, donde fue golpeado. Posteriormente, fue trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá y permaneció detenido allí durante quince días.
La resolución emitida por la Fiscalía es de primera instancia y, conforme a la Ley 600 de 2000, los exmilitares acusados tienen la posibilidad de interponer los recursos legales pertinentes contra esta decisión.
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