Ser reportado negativamente en una central de riesgo como Datacrédito puede afectar considerablemente la vida financiera de cualquier persona. En muchos casos, los ciudadanos se enteran del reporte cuando ya ha sido cargado en el sistema, sin haber recibido notificación previa. No obstante, la legislación colombiana ofrece mecanismos de protección para estos casos.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, toda entidad que desee reportar a una persona por mora en el pago de una obligación debe enviar una notificación con al menos 20 días de anticipación. Este plazo brinda la oportunidad de saldar la deuda o de presentar un reclamo si se considera que la información no es precisa.

Cuando una entidad no cumple con esta obligación de notificar, la persona afectada tiene el derecho de exigir la eliminación inmediata del reporte negativo y que, si es necesario, se inicie nuevamente el proceso, cumpliendo con todos los requisitos legales establecidos.

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Además, si el valor de la deuda es inferior al 15 % del salario mínimo mensual legal vigente (aproximadamente $213.525 en el año 2025), la ley establece que deben enviarse dos comunicaciones en días distintos, y que el conteo de los 20 días solo iniciará tras el segundo aviso.

Respecto al tiempo de permanencia de un reporte negativo en las centrales de riesgo, este debe eliminarse una vez saldada la obligación, en un periodo equivalente al doble del tiempo en mora, con un máximo de cuatro años. Por ejemplo, si la mora fue de seis meses, el reporte se eliminará luego de doce meses.

Para proteger el historial financiero, se recomienda consultar periódicamente el estado de los datos en plataformas como midatacredito.com, activar alertas para identificar movimientos sospechosos y conservar los comprobantes de pago. En caso de reportes injustificados o sin notificación, se puede presentar un reclamo ante la entidad financiera o directamente ante la central de riesgo.

Conocer estos derechos es fundamental para mantener una buena reputación crediticia y evitar limitaciones en el acceso a productos financieros.

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