Bogotá y el Gobierno Nacional activaron, en paralelo, agendas para ajustar la carga tributaria de hogares y empresas. En la capital, la Administración Distrital radicó una reforma al Estatuto Tributario que incluye una baja del impuesto predial para buena parte de los contribuyentes y una simplificación del ICA.
A nivel nacional, el presidente Gustavo Petro anunció una nueva “ley de financiamiento” que buscaría reducir la carga a la clase media y al sector empresarial, financiándola con mayores tributos a los patrimonios más altos. Ambas iniciativas están en fase de discusión y requieren trámite en Concejo y Congreso, respectivamente.
En el frente distrital, Hacienda Bogotá presentó el paquete denominado “Acuerdo para la equidad y la inversión”. El corazón de la propuesta es simplificar y hacer más progresivo el sistema: el ICA pasaría de 13 a 4 tarifas, con un efecto de reducción para el 68 % de los contribuyentes, y se ajustaría el predial con alivios focalizados.
La Alcaldía sostiene que el rediseño del predial favorecería a hogares de menores ingresos y pequeños negocios, en línea con una visión de progresividad y competitividad local. Estos cambios, de ser aprobados, regirían desde 2025–2026 según el cronograma del Distrito.
Sobre el predial en Bogotá, varias piezas públicas y de prensa reciente apuntan a una disminución efectiva para una porción significativa de hogares y empresas. Reportes de prensa reseñan que la propuesta podría traducirse en un recorte del impuesto para la mayoría de hogares (particularmente en estratos 1, 2 y 3) y para un amplio segmento productivo (hasta 75 % de industrias y 36 % de comercios, dependiendo de la versión del articulado que avance en el Concejo). Otras notas hablan de beneficios concentrados en torno al 55 % de familias de estratos bajos y medios, con escenarios de reducción que algunos informes ilustran como “hasta un 9 %” en casos tipo. El Distrito también ha socializado que habrá medidas de simplificación y exenciones específicas. Como toda reforma, las cifras finales dependen del texto que apruebe el Concejo.
Conviene aclarar que existe variación entre estimaciones periodísticas sobre el universo de beneficiarios: mientras algunos reportes hablan de una reducción para “la mayoría” de hogares (con foco en estratos 1 a 3), otros documentos mencionan porcentajes más acotados de cobertura.
Esa dispersión responde a escenarios de simulación distintos y a que el proyecto está en discusión, por lo que los números pueden moverse con las ponencias. En cualquier caso, todos coinciden en que el énfasis es aliviar a hogares de menores ingresos y a segmentos productivos con menor margen.
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¿Y qué hay de las empresas?
Para empresas en Bogotá, además del rediseño del predial no residencial, la simplificación del ICA (de 13 a 4 tarifas) apunta a reducir costos de cumplimiento y a bajar la carga para la mayoría de contribuyentes. La Secretaría de Desarrollo Económico ha encuadrado el paquete dentro de una estrategia de atracción de inversión y empleo (más de 200.000 puestos, según metas oficiales), con incentivos tributarios sectoriales y alivios a pequeños negocios. De nuevo, el alcance definitivo dependerá de la aprobación del Concejo y de los ajustes que se introduzcan en el debate.
A el nivel nacional, el presidente Petro confirmó el 22 de julio de 2025 que impulsará una nueva ley de financiamiento. La idea, según el mandatario, es “bajar impuestos” a la clase media y a las empresas promedio, y compensar con mayor tributación a los “megaricos”. El anuncio llega en un contexto de estrechez fiscal y de debate sobre el peso de los beneficios tributarios. A la fecha de ese anuncio, el proyecto no se había radicado con texto final, y ya enfrentaba resistencias en comisiones económicas del Congreso, donde líderes de Senado advertían que la carga global ya es alta. La viabilidad política será determinante para cualquier rebaja efectiva de renta corporativa a nivel nacional.
En paralelo, el Gobierno ha movilizado instrumentos puntuales para aliviar la tributación empresarial atada a la inversión en I+D e innovación. Un ejemplo reciente es la convocatoria que ofrece, para proyectos calificados, un crédito fiscal equivalente al 50 % o un descuento del 30 % sobre el valor de la inversión, mecanismo que en la práctica reduce la carga tributaria a las firmas que apuesten por investigación y desarrollo. Estas medidas, aunque acotadas, son coherentes con el objetivo de bajar la cuña tributaria a empresas que generen valor agregado.
Mientras avanza el debate, siguen vigentes los calendarios y descuentos por pronto pago del predial 2025 en Bogotá (10 % por pronto pago antes de las fechas oficiales), así como la posibilidad de pago por cuotas. Esto no cambia hasta que se aprueben y reglamenten nuevas reglas.
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