La noche del martes 2 de diciembre un ataque armado contra un funcionario público conmocionó a la comunidad de Soacha, especialmente a quienes transitaban por el sector de San Mateo, quienes fueron testigos del hecho violento. La víctima es Gabriel Arturo Hurtado Arias, coordinador jurídico de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para Soacha, Sibaté y Granada, quien actualmente permanece en estado crítico en un centro asistencial, cuyo nombre omitiremos por su seguridad.
“Gabriel salía de la oficina y tomó un bus que lo dejaba cerca de la estación de TransMilenio para dirigirse a su casa. Cuando llegó al centro comercial Gran Plaza y se bajó, los agresores ya lo estaban esperando en una motocicleta”, afirmó a Q’HUBO Rafael Enrique Mariño Sandoval, registrador y director de la entidad.
El ataque ocurrió hacia las 6:05 p. m., en la Autopista Sur con calle 30. Hurtado, de 38 años, llevaba poco más de dos años vinculado a la oficina, desde donde —según versiones preliminares— habría comenzado el seguimiento en su contra. El funcionario público es abogado de profesión.
Durante el atentado, la víctima intentó protegerse, pero fue herida en varias ocasiones. Debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde ha sido sometida a varios procedimientos médicos. Su pronóstico continúa siendo reservado.
Tras el ataque, la comunidad avisó de inmediato a las autoridades, quienes auxiliaron al funcionario y activaron las investigaciones. Según las primeras hipótesis, el hecho estaría relacionado con amenazas previas contra trabajadores de esta oficina pública.
Ya habían denunciado amenazas
“Nosotros hemos recibido amenazas por parte de grupos dedicados a ocupaciones ilegales de tierras, y también el notario ha recibido advertencias. En esos mensajes aseguraban pertenecer a una organización criminal y decían que después de ‘controlar’ otros delitos, dirigirían su atención a la sección de tierras. Afirmaban que notarios, jueces y funcionarios de registro tendrían que obedecer sus órdenes o si no nos atenemos a las consecuencias”, explicó Mariño.
El funcionario también señaló que recientemente habrían surgido nuevas intimidaciones por parte de una persona que asegura ser propietaria de terrenos cercanos al antiguo ferrocarril, en la zona sur de Soacha.
“Aquí actuamos conforme a la ley, y por eso se han presentado estas amenazas, particularmente contra Gabriel”, añadió.
Relató además que en el año 2022 varios individuos ingresaron a la oficina con intención de agredir a Hurtado, hecho que se evitó gracias a la intervención de otros empleados. Las denuncias, según afirma, fueron puestas tanto ante la Secretaría de Gobierno como ante la Policía del vecino municipio, pero no habrían tenido respuestas oportunas.
“Este tipo de amenazas es muy grave para el funcionamiento de la oficina y la integridad de quienes trabajamos aquí. Es un deber del Estado garantizar la seguridad de cada ciudadano y escuchar estas denuncias, porque no es solo una persona en riesgo, sino todo el equipo”, concluyó Mariño, quien pide que amplíen las investigaciones y capturas de los denominados ‘tierreros’.
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