A partir de esta semana empezó a operar un nuevo Comité Antievasión que, según el comunicado oficial suministrado a este medio, incorpora a 200 guardas de seguridad privada capacitados específicamente para prevenir el ingreso sin pago en estaciones y portales de TransMilenio.
El convenio fue establecido entre la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia y Seguridad Privada (CONFEVIP), la Policía Nacional y TransMilenio S.A. y se concentra inicialmente en los portales de Suba, Las Américas, Tunal y Usme, así como en estaciones clave como San Mateo y Avenida Jiménez.
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Importancia de su trabajo
La tarea de estos guardas, según la fuente oficial, será de diálogo, mediación y contención: no portarán armas y su objetivo será promover la conciencia ciudadana, devolver del sistema a quienes evadan el pasaje y articularse con gestores de convivencia y la Policía Nacional cuando se presenten comportamientos agresivos. Además, el plan contempla guardas motorizados que patrullarán las zonas aledañas a los accesos del sistema para reforzar los puntos más críticos. La iniciativa será evaluada mediante el aumento del recaudo, la reducción del número de colados y el fortalecimiento de la cultura ciudadana.
Las cifras que motivan la medida son contundentes: estudios y comunicados del Concejo de Bogotá dieron cuenta este año de que la evasión en el sistema alcanza cifras que no pueden ser pasadas por alto escalando hasta 262.000 personas que se cuelan diariamente y pérdidas que, según distintos cortes, superan los 113.000 millones de pesos en periodos recientes. Ese escenario ha elevado el problema de la evasión a una prioridad pública y financiera para la operación del sistema masivo.
La decisión de apostar por guardas de convivencia y mediación se produce en un contexto de cuestionamientos a la gestión del control de la red. Informes periodísticos y pronunciamientos públicos han señalado una reducción en la presencia policial en el sistema y polémicas por presuntos abusos en procedimientos contra evadidos. Organismos de control y representantes ciudadanos han pedido protocolos claros y formación en derechos humanos para el personal encargado del control. Estas preocupaciones hacen que la apuesta por la mediación y la ausencia de armas en los guardas sea un punto que las autoridades deberán cuidar y transparentar.
Desde CONFEVIP, Miguel Ángel Díaz, presidente de la organización, enfatizó que la estrategia respeta “los preceptos de la protección y salvaguarda de los derechos humanos, de la mujer, los niños y los animales”, y agregó que la intervención busca “prevalecer la seguridad del sistema, la tranquilidad, la paz y la convivencia”. Díaz vinculó la medida con una mirada a futuro: que cuando llegue el Metro exista ya “una cultura de respeto y protección al sistema masivo de transporte”.
El plan concentra recursos en portales y estaciones donde, según reportes y denuncias públicas, la falta de mecanismos físicos (como puertas de acceso) y la reducción de personal policial han facilitado la evasión masiva. Expertos y concejales han señalado que la ausencia de infraestructura adecuada y la insuficiente presencia institucional son causas estructurales que deben abordarse en paralelo para que las acciones sobre el terreno no resulten efímeras.
Reacciones y expectativas. Voces del sector civil y algunos ediles han recibido la noticia con cautela: valoran el enfoque de mediación y la intención de articular actores, pero exigen protocolos claros, formación en derechos humanos y mecanismos de vigilancia independientes que eviten excesos y garanticen que las intervenciones no vulneren a usuarios. Por su parte, desde la operación se espera que la medida incremente recaudo y reduzca el número de colados en los tramos donde se desplieguen los guardas, métricas que se usarán para evaluar el éxito del convenio.
Las autoridades anunciaron que el impacto del convenio será monitoreado en los próximos meses por indicadores de recaudo y cifras de evasión, y que habrá coordinación permanente con la Policía Nacional y los gestores de convivencia. La efectividad del plan dependerá, según analistas, de la capacidad de mantener presencia sostenida, de mejoras en infraestructura de acceso y de la transparencia en la gestión y en los protocolos de actuación frente a usuarios.
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