La Fiscalía General de la Nación (FGN) presentó ante un juez de control de garantías a tres mujeres por, presuntamente, haber realizado procedimientos estéticos en inmuebles acondicionados como quirófanos en diferentes sectores de la ciudad de Medellín (Antioquia) sin cumplir las normas sanitarias ni contar con el personal idóneo para llevarlos a cabo.
Según la investigación de la Fiscalía, estas mujeres habrían ofrecido a través de redes sociales un servicio de “lipólisis láser con transferencia glútea” en viviendas ubicadas en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera. Al menos 48 mujeres acudieron a estos lugares con la expectativa del procedimiento, pero al menos 24 de ellas presentaron infecciones, deformidades permanentes o limitaciones funcionales a raíz de las intervenciones. De acuerdo con el reporte, se señaló que más de 50 víctimas podrían estar involucradas y que varias de ellas contrajeron una bacteria que comprometió gravemente su salud.
Así operaban
Durante la audiencia, la fiscal encargada sostuvo que no solo carecían de licencia sanitaria los locales donde se realizaron los procedimientos, sino que las tres procesadas no tenían formación profesional, idoneidad ni experiencia para llevar a cabo cirugías u otros tratamientos médicos. Esta falta de preparación habría sido la causa de las complicaciones registradas.
Las mujeres enfrentan imputación por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito de masa y lesiones personales dolosas, cargos que no aceptaron. La Fiscalía ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para las tres implicadas.
La indagación comenzó luego de que una denunciante expusiera serias complicaciones tras una intervención clandestina. En la audiencia preliminar se afirmó que las implicadas rotaban funciones: una aparentemente ejecutaba la intervención, otra administraba medicamentos o anestesia local, y una tercera gestionaba la atención postoperatoria y los masajes postquirúrgicos.
En uno de los testimonios reproducidos en la audiencia, se refirió que “en la cirugía no le aplicaron suficiente anticoagulante, por lo que presentó sangrado en sus glúteos; le daba fiebre, desaliento, no podía caminar ni estar sentada”.
Las viviendas habilitadas como quirófanos improvisados estaban ubicadas en sectores residenciales de Medellín, lo que facilitaba la operación clandestina según la Fiscalía, evadiendo controles sanitarios y regulatorios.
Además, según uno de los artículos, las autoridades de salud departamentales ya investigan para determinar si hay más involucrados o si el número de víctimas es mayor al inicialmente identificado.
Las mujeres que solicitaron el procedimiento confiaron en la oferta publicitada en redes sociales. Sin embargo, las carencias en higiene, la falta de personal calificado y el desconocimiento de protocolos médicos dieron lugar a cuadros infecciosos, deformidades permanentes y limitaciones funcionales en órganos u otras partes del cuerpo. Si bien algunos informes mencionan 24 víctimas formales identificadas por la Fiscalía, otros medios elevan la cifra a más de 50. Además, se alertó que al menos una mujer falleció tras someterse al procedimiento clandestino, circunstancia que está siendo verificada por las autoridades.
La investigación se ampliaría
La Secretaría de Salud de Antioquia y otras instancias sanitarias departamentales han comenzado investigaciones para determinar licencias, condiciones de los inmuebles, presencia de profesionales capacitados y otros posibles casos relacionados con esta red clandestina de intervenciones estéticas. Por su parte, la Fiscalía señaló que está valorando la posibilidad de ampliar la investigación, capturar a más implicados y tramitar otras denuncias en curso.
Este caso evidencia nuevamente la magnitud de los riesgos que entrañan los procedimientos estéticos realizados sin supervisión profesional, en condiciones inadecuadas e improvisadas. En Medellín, el hallazgo de viviendas habilitadas como quirófanos clandestinos, la participación de personas sin titulación médica y un número significativo de afectadas plantea la necesidad de reforzar los controles sanitarios, la educación ciudadana y la sanción efectiva de las redes que lucran con la salud. Las tres procesadas afrontan la acción penal correspondiente. Mientras tanto, las víctimas continúan reclamando respuesta y reparación. El caso hace un llamado claro a la prevención y al cuidado que debe acompañar toda intervención estética.
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