Un allanamiento en 13 inmuebles dejó en evidencia una red que ofrecía trámites migratorios fraudulentos y rituales de santería para evitar deportaciones.
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer una operación que involucró a la Delegada para la Seguridad Territorial, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), en la cual se identificaron 13 inmuebles en los que se ofrecían trámites migratorios fraudulentos a latinos que llegaban a Estados Unidos.
Las diligencias se llevaron a cabo en viviendas y oficinas ubicadas en Suárez, El Espinal e Ibagué, en el Tolima, donde investigadores judiciales incautaron una amplia cantidad de elementos que evidenciarían el funcionamiento de esta estructura.
Entre lo hallado hay dispositivos electrónicos, celulares, computadores portátiles, dinero en efectivo, tarjetas bancarias y documentación relacionada con supuestos trámites migratorios, como permisos de trabajo, solicitudes de asilo y otros procesos que se adelantan ante autoridades de Estados Unidos.
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En medio de los operativos también fueron encontrados chalecos tácticos, banderas y distintivos con logos de entidades migratorias estadounidenses, lo que, al parecer, era utilizado para dar apariencia de legalidad a los servicios ofrecidos. A esto se suman imágenes y altares asociados a rituales de santería, que harían parte de las prácticas que ofrecían a sus clientes como una supuesta garantía para evitar la deportación.
Una red que operaba desde el exterior
Según la investigación, los presuntos responsables de este entramado se encontraban fuera del país, específicamente en Estados Unidos, desde donde coordinaban las actividades. A través de páginas web y redes sociales, promocionaban sus servicios dirigidos a migrantes latinoamericanos, a quienes les prometían regularizar su situación migratoria y acceder a beneficios como visas o asilos políticos.
Las autoridades indicaron que, además de los trámites falsos, ofrecían rituales de santería para asegurar resultados favorables en los procesos, cobrando por estos servicios sumas que iban desde los 300 hasta los 10.000 dólares.
El material incautado será clave para avanzar en el proceso judicial y establecer la responsabilidad de los implicados, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a más personas que harían parte de esta red transnacional.
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