La situación de la Nueva EPS, la aseguradora más grande de Colombia, con 11,5 millones de afiliados, ha entrado en una fase crítica de incertidumbre. Tras el vencimiento, el pasado 3 de abril, de la resolución que prorrogaba su intervención, la entidad se encuentra en un “limbo” administrativo.
Mientras el Gobierno Nacional decide si devuelve la administración a sus accionistas o mantiene el control, la Procuraduría General de la Nación lanzó un ultimátum a la Superintendencia de Salud para que aclare el estado financiero y operativo de la entidad. El organismo advirtió que los incumplimientos persisten y que el derecho a la salud de millones de colombianos está en riesgo.
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El “hueco” de las facturas: un rezago que se triplicó
Una de las denuncias más graves proviene del congresista Andrés Forero, quien reveló un deterioro significativo en el procesamiento de cuentas médicas durante la administración estatal:
- Antes de la intervención (abril 2024): la entidad tenía facturas pendientes por procesar que sumaban 4,4 billones de pesos.
- A noviembre de 2025: el monto de cuentas en el “limbo” operativo ascendió a 15,6 billones de pesos.
- Balance actual: aunque se han procesado más de 11 millones de facturas recientemente, la velocidad de radicación supera la capacidad de auditoría, lo que ha generado un pasivo acumulado que amenaza la estabilidad de clínicas y hospitales.
Ultimátum de la procuraduría
El organismo de control dio un plazo de tres días a la Supersalud para responder por fallas estructurales que la intervención no ha logrado solucionar:
- Falta de estados financieros: no hay datos claros sobre la situación contable de la EPS desde 2024.
- Modernización fallida: se cuestiona el uso de procesos manuales (como hojas de Excel) para gestionar recursos millonarios, lo que genera ineficiencias y riesgos de corrupción.
- Uso de anticipos: la Procuraduría advierte que se siguen entregando recursos a proveedores de forma excepcional y sin controles estrictos, además de utilizar anticipos para atender fallos judiciales (tutelas).
El impacto en los pacientes
La crisis administrativa también se refleja en farmacias y consultorios. Según informes de gestión:
- Medicamentos: las entregas pendientes aumentaron un 160 % en el último año.
- Tutelas: en los dos primeros meses de 2026 se radicaron más de 48.000 acciones por fallas en el servicio de salud.
- Cobertura: el 17,5 % de los afiliados reporta dificultades graves para acceder a sus tratamientos.
¿Qué sigue para la nueva eps?
El futuro de la entidad depende de una decisión política y técnica que deberá tomar el presidente Gustavo Petro:
- Levantar la intervención: devolver la entidad a sus accionistas (cajas de compensación y Estado), lo que implicaría nombrar una nueva junta directiva y presidente.
- Nueva prórroga: mantener el control estatal por un año más, bajo el argumento de que las causas que originaron la intervención aún no se han superado.
- Emergencia Económica: el Gobierno ha mencionado esta figura como última instancia para sanear las deudas del sector salud.
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Los gremios de la salud ‘con el credo en la boca’
“Esta incertidumbre agrava las dificultades que ya enfrentan millones de usuarios, quienes están viendo negaciones en la entrega de medicamentos, en la asignación de citas y en autorizaciones médicas. Una entidad que no presenta estados financieros desde hace tres años y de la que tampoco se conoce un reporte al Ministerio de Salud sobre el gasto y el comportamiento de su población genera gran preocupación”, afirmó Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi.
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