La Procuraduría General de la Nación estableció este martes que el fallecimiento del menor de siete años, Kevin Acosta, ocurrió por negligencia de la Nueva EPS al no garantizar la entrega oportuna del medicamento preventivo para su hemofilia severa.
Según la investigación, la omisión médica se derivó de la falta de pagos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que dejó a la víctima sin atención asignada durante dos meses y que hoy mantiene en riesgo vital a otros 2000 pacientes en el país.
El informe revelado por el Ministerio Público sobre las circunstancias del deceso del menor determinó que la falta de suministro del tratamiento conocido como Emicizumab puso al niño en una “situación clínica crítica“.
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El ente de control detalló que Kevin Arley estuvo prácticamente dos meses sin recibir el fármaco, ya que Medicarte, la IPS encargada de su atención, suspendió las entregas a los usuarios por la falta de pagos de la Nueva EPS.
La investigación mostró una falla estructural en la red de atención, pues la IPS Integral, que debía recibir a los pacientes trasladados de Medicarte, tampoco logró asumir el compromiso porque la entidad promotora de salud no le giró los recursos correspondientes.
Esta cadena de impagos provocó que, al momento de su fallecimiento, el menor no estuviera cobijado por ninguna institución médica.
Ante la gravedad de los hallazgos, el órgano de control anunció que compulsará copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a las personas con presunta responsabilidad penal en la tragedia. Asimismo, la Procuraduría confirmó la apertura de una investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, actual interventor de la Nueva EPS.
Las indagaciones revelaron además una inminente emergencia sanitaria, al advertir que otros 2000 pacientes adscritos inicialmente a Medicarte y luego a Integral enfrentan un “alto riesgo” al no tener su continuidad médica asegurada.
¿Qué sucedió con Kevin?
La muerte de Kevin Acosta, ocurrida el pasado 13 de febrero tras sufrir un trauma craneoencefálico al caer de su bicicleta, se convirtió en el epicentro del debate sobre la viabilidad del sistema de salud colombiano. Mientras la Nueva EPS emitió un comunicado donde atribuyó el deceso estrictamente al golpe, la Liga Colombiana de Hemofílicos y la madre del menor denunciaron que el sangrado interno no pudo controlarse precisamente por la interrupción del medicamento desde finales de diciembre de 2025.
El caso escaló a nivel político y judicial luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, emitieran declaraciones en las que trasladaron la responsabilidad al entorno familiar.
Los altos funcionarios cuestionaron que el niño usara una bicicleta, justificaron la falta de medicina por un cambio de residencia del Huila a Santander y afirmaron que la madre rechazó una intervención quirúrgica de urgencia.
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Durante una alocución pública, el mandatario reveló detalles confidenciales de la historia clínica del menor, lo que motivó a la organización Pacientes Colombia y a la defensa jurídica de la familia a radicar denuncias formales ante la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones del Congreso contra el jefe de Estado y el jefe de la cartera de salud.
En medio de las disputas legales, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, responsabilizó al sistema por incumplir sus obligaciones constitucionales de cuidado. Simultáneamente, la comunidad de pacientes mantiene activas las alertas por menores como Eithan Barrera, primo de Kevin y también diagnosticado con hemofilia, cuya familia reportó severas demoras en la entrega de sus tratamientos vitales bajo el mismo esquema de aseguramiento.
Redacción Colprensa.
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