En solo siete días, el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha llevado a cabo operativos masivos que han resultado en la detención de al menos 5.000 migrantes indocumentados y la emisión de 1.797 órdenes de captura. Tan solo el pasado domingo, 965 personas fueron arrestadas y 554 órdenes fueron expedidas, marcando un récord en un solo día.
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Desde el 23 de enero, el gobierno de Donald Trump ha intensificado estas acciones como parte de una nueva estrategia para endurecer las políticas migratorias, publicando diariamente cifras de detenciones y justificando estos operativos bajo la premisa de que los arrestados pueden ser deportados conforme a la legislación vigente.
El aumento de redadas en los últimos días ha generado gran preocupación entre las comunidades migrantes. El 25 de enero se registraron 286 arrestos y 421 órdenes de detención, mientras que el 24 y el 23 de enero hubo 539 y 538 detenciones, respectivamente.
Además del refuerzo de la seguridad en la frontera con Mexico, el Departamento de Seguridad Nacional ha autorizado arrestos en lugares tradicionalmente considerados seguros, como iglesias y escuelas. Este cambio de enfoque ha permitido un crecimiento drástico en el número de detenidos, exacerbando el miedo entre los migrantes y organizaciones que velan por sus derechos.
En un intento por reducir la presencia de migrantes en el país, el gobierno estadounidense ha intensificado los vuelos de deportación hacia diferentes naciones de América Latina. Sin embargo, algunos países han mostrado resistencia a recibir a los deportados, lo que ha llevado a la administración Trump a considerar sanciones económicas. Además, se han mantenido negociaciones con El Salvador para establecer un acuerdo que permita deportar a este país a inmigrantes de otras nacionalidades, incluidos presuntos integrantes de bandas criminales.
Uno de los grupos más afectados por estas medidas son los venezolanos, quienes han sido golpeados por la reciente revocación de la extensión del Estatuto de Protección Temporal (TPS), aprobado previamente por el expresidente Joe Biden. Con esta decisión, más de 600.000 venezolanos en Estados Unidos pierden la protección que les permitía trabajar legalmente y evitar la deportación hasta octubre de 2026.
Mientras tanto, los operativos de ICE continúan y las organizaciones de derechos humanos advierten sobre el impacto humanitario de estas medidas. Con la incertidumbre en aumento, miles de migrantes temen ser los próximos en ser detenidos y deportados, en un contexto donde la política migratoria estadounidense se endurece día a día.
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