La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a diversas entidades, incluida la Fiscalía General de la Nación, investigar el paradero de 546 miembros de la Fuerza Pública desaparecidos durante el conflicto armado. Según el informe enviado en diciembre de 2024 por el Ministerio de Defensa, las víctimas incluyen 384 integrantes del Ejército Nacional, 139 de la Policía Nacional, 13 de la Fuerza Aérea y 10 de la Armada Nacional.
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La orden también recae sobre la Sijín, la Dijín, el CTI, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y medicina legal, quienes deberán redimir información clave para avanzar en la identificación y localización de las personas. Además, la JEP instó a organizaciones de derechos humanos y otras entidades a colaborar en la búsqueda y contribuir al fortalecimiento de la memoria histórica.
El magistrado Raúl Eduardo Sánchez subrayó la importancia de determinar el número exacto de agentes desaparecidos para garantizar los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas y sus familias. Además, recordó que esta búsqueda no solo es un acto de justicia, sino también un compromiso ético con quienes han dejado un vacío irreparable en la sociedad.
En julio de 2024, la JEP ya había ordenado reanudar las labores de búsqueda en lugares como La Escombrera, donde se presume que podrían hallarse restos de víctimas del conflicto. La decisión actual busca avanzar en la identificación y, de ser posible, en la entrega digna de los cuerpos a sus familiares.
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La JEP también pidió colaboración a la Organización Humanitaria Reencuentros, conformada por firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, para aportar datos sobre posibles lugares donde puedan encontrarse los cuerpos.
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