La crisis en la vía Bogotá–Villavicencio, una de las carreteras más importantes del país, se agrava con la intervención de transportadores que han impedido el ingreso de maquinaria y personal técnico para atender un derrumbe ocurrido en jurisdicción de Chipaque, Cundinamarca.
Aunque la concesionaria Coviandina había anunciado que el cierre total del tramo afectado duraría entre 48 y 72 horas para habilitar una variante, la protesta de los conductores de carga amenaza con prolongar la emergencia y retrasar la reapertura del corredor vial.

El pasado 9 de septiembre, un deslizamiento de tierra en el kilómetro 18+300 bloqueó por completo los cuatro carriles de la carretera al Llano. La magnitud del derrumbe obligó a un cierre total y al despliegue inmediato del Plan de Atención de Emergencias, con el propósito de remover el material, garantizar la estabilidad del terreno y habilitar una variante temporal que permitiera el paso controlado de vehículos.
La concesionaria Coviandina explicó que la intervención debía realizarse entre los kilómetros K18+340 y K18+980, con el apoyo de maquinaria pesada y personal especializado en geotecnia. La meta era que, en un plazo de dos a tres días, se pudiera abrir un paso provisional mientras avanzaban las obras definitivas. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando grupos de transportadores ingresaron al corredor, bloqueando los trabajos de remoción.
De acuerdo con Coviandina, varios vehículos de carga ingresaron de forma irregular al tramo que debía permanecer cerrado. Este hecho, según la concesionaria, impidió que las máquinas pudieran acceder al sitio del derrumbe y retrasó el cronograma de obras.
La empresa también señaló que los filtros de control instalados en los extremos de la vía no han funcionado como se esperaba, ya que no evitaron el paso de camiones hacia la zona intervenida.
La protesta no solo ha afectado la operatividad de la maquinaria, sino que también ha puesto en riesgo la seguridad de los transportadores y de las comunidades cercanas. En las zonas altas del talud aún existe riesgo de nuevos deslizamientos, lo que incrementa la urgencia de las labores de estabilización y limpieza.

Si bien los manifestantes no han entregado un pliego oficial de peticiones, se sabe que sus reclamos están relacionados con las afectaciones económicas que generan los cierres prolongados de la vía. Este corredor es vital para el transporte de alimentos, combustibles y mercancías hacia los Llanos Orientales, y cada día de cierre se traduce en pérdidas millonarias para los conductores de carga.
Los transportadores exigen garantías sobre la reapertura del corredor, claridad en los tiempos de ejecución y mejores condiciones logísticas durante los desvíos. También manifiestan preocupación por la falta de comunicación efectiva sobre el manejo de la emergencia y el impacto que esto tiene en sus ingresos. En pocas palabras, temen que el cierre se extienda más allá de lo anunciado y que sus pérdidas económicas se multipliquen sin que exista un plan de compensación o alternativas reales.
Frente a esta situación, Coviandina hizo un llamado a la Policía de Tránsito y Transporte para reforzar los controles y evitar el ingreso de vehículos no autorizados. Además, solicitó a las alcaldías municipales cercanas al tramo afectado que entreguen listados de los residentes locales, de manera que solo se permita el paso de quienes realmente viven en la zona y no de transportadores externos.
La concesionaria también estableció dos puntos de control estratégicos: uno en el kilómetro 0+000 (sentido Bogotá–Villavicencio) y otro en el kilómetro 82+700 (sector Buenavista, sentido Villavicencio–Bogotá). El objetivo es garantizar que el tránsito local esté regulado y que la maquinaria y el personal puedan trabajar sin interferencias.
Para resolver la situación, será necesaria la coordinación efectiva entre la concesionaria, las autoridades locales, la Policía de Tránsito y los propios transportadores. Sin un acuerdo claro y sin el compromiso de todas las partes, el riesgo es que la vía más importante hacia los Llanos siga cerrada, con consecuencias graves para la movilidad, la economía regional y la seguridad de las comunidades afectadas.
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