Ya han pasado 106 días desde que Greiber Eduardo Berríos, un venezolano de 19 años, fue víctima de un salvaje ataque por parte de una jauría de perros en el barrio Potreritos (Bosa), exactamente en la carrera 90 con calle 78 Sur. La agresión le causó lesiones tan graves que perdió ambas orejas y sufrió destrozos severos en sus brazos, lo que obligó a los médicos a realizar amputaciones.
A pesar del tiempo transcurrido y de la gravedad del caso, los abogados que lo representan siguen esperando que las autoridades activen una investigación formal para determinar quiénes son los responsables.
Greiber, quien trabajaba en una remontadora de calzado y además colaboraba en una fundación que presta apoyo a migrantes venezolanos, fue atacado a tan solo 150 metros de su casa, mientras regresaba de su jornada laboral.
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Posible fallas del Estado en el caso de Greiber
El abogado Gonzalo José Oliveros Navarro, representante de la firma Abogados Binacionales y miembro de la Fundación Dos Países, le explicó a Q’HUBO que decidieron asumir el caso de Greiber por tratarse de una vulneración grave de derechos que involucra posibles fallas del Estado.
“La Fundación Dos Países se encarga exclusivamente de asuntos legales relacionados con migrantes y población vulnerable. Al enterarnos de lo que le sucedió a Greiber, tomamos la decisión de representarlo, porque aquí hay un asunto de responsabilidad estatal que no puede quedar en el olvido”, dijo.
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Según el abogado, mediante varias acciones de tutela interpuestas, se comprobó que el predio donde ocurrió el ataque pertenece al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
“Para el día miércoles siguiente al ataque no había ninguna investigación oficial activa. Es inconcebible que, pese a la gravedad de las lesiones y a que Greiber fue rescatado por uniformados, no se hayan activado los mecanismos legales correspondientes. Es una omisión gravísima”, denunció el abogado.
Denuncian otras irregularidades
Oliveros también reveló que no es el primer caso registrado en ese punto. Asegura que al menos tres personas más —incluidas dos mujeres— han sido víctimas de ataques por parte de los mismos perros. Sin embargo, en ninguno de esos casos se presentaron denuncias formales.
“Si esos perros tienen dueño, como lo han afirmado algunas entidades oficiales, hay que identificar a esa persona. Pero además, en ese predio está proyectada una obra vial muy importante para la comunidad, la cual hoy está suspendida por una acción popular. Y según la normativa distrital, los predios donde el IDU va a realizar obras deben estar custodiados, y eso claramente no ocurrió”, agregó.

Pese a las secuelas físicas y emocionales que le dejó el ataque, Greiber ha demostrado una voluntad inquebrantable por salir adelante. Mientras tanto, la Fiscalía no ha iniciado un proceso formal, y las condiciones del lugar donde ocurrió el ataque continúan siendo inciertas.
“No podemos permitir que esto quede impune. Greiber merece una respuesta del Estado y garantías para su recuperación”, concluyó el abogado Oliveros.
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