La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada suspendió 31 licencias de empresas de vigilancia y seguridad privada que actuaban como móvil de actividades ilícitas al poner personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales.
El anuncio lo hizo el superintendente Larry Álvarez Morales, quien reveló que detrás de estas compañías se habría detectado un patrón preocupante: empresas que obtenían licencias legales para operar, pero que posteriormente terminaban siendo utilizadas por estructuras criminales en diferentes regiones del país.
Las decisiones ya empiezan a tener impacto. En ciudades coilícitas,mo Barranquilla, por ejemplo, se ordenó la cancelación de la licencia en primera instancia a empresas como Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., mientras que otras ocho compañías están en la mira de las autoridades y podrían ser sancionadas en los próximos días como resultado de investigaciones en curso.
Infiltración criminal en empresas legales
De acuerdo con la Superintendencia, en medio de las investigaciones judiciales se han encontrado armas autorizadas que terminaron vinculadas a hechos delictivos, así como personal con posibles nexos con estructuras criminales. Estas prácticas, según las autoridades, podrían estar relacionadas con delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales.
“Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad. El patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen sus recursos al servicio de organizaciones ilegales”, explicó el superintendente.
Este golpe también ha sido posible gracias al trabajo articulado con entidades como la Fiscalía General de la Nación y el sector Defensa, lo que ha permitido fortalecer el control de armas, avanzar en investigaciones con impacto judicial y mejorar el cruce de información para detectar irregularidades.
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Aunque desde la entidad recalcaron que la mayoría de empresas del sector opera dentro de la legalidad y que esta industria genera empleo a más de 360.000 familias en el país, fueron enfáticos en advertir que no habrá tolerancia frente a quienes utilicen estas licencias como fachada para delinquir.
Este nuevo golpe revive además cuestionamientos que ya se habían hecho desde el Gobierno nacional. Hace un año, el presidente Gustavo Petro aseguró que existían fallas en el control de armas en manos de empresas de vigilancia, señalando incluso la falta de trazabilidad en miles de armas y la presunta relación de algunas compañías con estructuras criminales.
La Superintendencia reiteró que continuará con una vigilancia estricta en todo el país y que cualquier empresa que incumpla la ley será sancionada, en medio de una estrategia que busca cerrarles el paso a las organizaciones ilegales que intentan operar bajo apariencia de legalidad.
Escrita con ayuda de la IA.
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