El Gobierno Nacional decretó un aumento del 9,54 % en el salario mínimo para 2025, fijándolo en $1.423.500, lo que representa un incremento de $123.500 respecto al año anterior. Con el auxilio de transporte, el salario mínimo total alcanzará los $1.623.500. Este aumento también beneficiará a más de 1,2 millones de pensionados en Colombia, quienes recibirán mesadas ajustadas al nuevo salario mínimo. Para quienes reciben pensiones superiores a este monto, los incrementos estarán determinados por el índice de inflación proyectado.
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El ajuste, anunciado tras la falta de consenso en la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, busca equilibrar los intereses de trabajadores y empresarios. Las centrales obreras pedían un aumento del 12 %, pero el Gobierno optó por un porcentaje menor, argumentando que es un punto medio que protege el poder adquisitivo de los colombianos sin afectar gravemente la economía de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, gremios empresariales como Fenalco y la Andi han expresado su preocupación, calificándolo de “elevado y populista”.
Para los pensionados, el impacto será significativo, especialmente para aquellos afiliados a Colpensiones que reciben la mesada mínima, quienes empezarán a recibir el nuevo monto a partir de enero de 2025. Asimismo, los pensionados con mesadas superiores al mínimo verán incrementos proporcionales al índice de inflación. De igual manera, el valor de la mesada 13 se ajustará al nuevo salario mínimo, sin descuentos adicionales, beneficiando a una gran parte de la población jubilada.
El presidente Gustavo Petro defendió el aumento, afirmando que dignifica a los trabajadores y fomenta el crecimiento económico. Desde su perspectiva, el salario mínimo no solo es un derecho, sino también un motor para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Sin embargo, los críticos señalan que el ajuste podría llevar a un aumento en la informalidad laboral, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas que enfrentarán mayores costos operativos.
El aumento salarial pone de manifiesto el reto constante de equilibrar el bienestar de los trabajadores con la sostenibilidad económica del país. Mientras el Gobierno apuesta por un incremento que impulse la economía y mejore el poder adquisitivo, los sectores empresariales alertan sobre las dificultades que podrían enfrentar, marcando un debate crucial en torno a la política laboral y fiscal en Colombia.
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