Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ender José Arpushana Jusayu y William Andrés Espinoza de Ávila, luego de que ambos aceptaran cargos por los delitos de extorsión agravada y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, informó la Fiscalía General de la Nación. La decisión se tomó tras la audiencia concentrada en la que los procesados reconocieron los hechos que se les imputan.

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Así lograron su captura

Según la investigación, entre julio y agosto de 2025 los judicializados habrían exigido la suma de dos millones de pesos a un comerciante del barrio La Capilla, en Soacha (Cundinamarca), a cambio de no atentar contra su vida, la de sus familiares y la infraestructura de su empresa. El caso llegó a su fin cuando servidores del Gaula de la Policía Nacional capturaron a los dos hombres en flagrancia el pasado 19 de agosto, mientras intentaban recibir un adelanto de 300.000 pesos.

En el procedimiento se incautó un revólver con cuatro cartuchos y un teléfono celular, elementos que, según la Fiscalía, fueron determinantes para la imputación y aceptación de cargos. Con la aceptación de cargos por parte de los imputados, el proceso avanzó rápidamente hacia la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que busca garantizar la protección de la víctima y evitar riesgos procesales.

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Analistas en seguridad señalan que, aunque las estadísticas oficiales hablan de reducciones en determinados delitos, los episodios de extorsión siguen golpeando el tejido económico local y exigen acciones integrales: prevención, protección a víctimas, operaciones focalizadas contra cabecillas y mecanismos de reparación para comerciantes afectados. La captura de los dos procesados representa un resultado concreto de la articulación institucional, pero los expertos insisten en que la erradicación de la extorsión en Soacha requerirá continuidad operativa y políticas públicas sostenidas.

Antecedentes

Soacha, ha sido en años recientes un foco de atención por la presencia de estructuras dedicadas a delitos de alto impacto como el microtráfico, homicidios y extorsión. En 2025 las autoridades departamentales presentaron una ofensiva sostenida contra las redes de extorsionistas, que incluyó despliegues del Gaula y operaciones de investigación coordinadas entre Fiscalía y Policía para desarticular bandas que venían afectando a comerciantes y al gremio del transporte. En este marco, las capturas de estructuras identificadas como “Los Satanás” y otras acciones operativas han sido destacadas por las autoridades como golpes a las economías criminales que operaban en el municipio.

Las autoridades locales y departamentales han reportado una disminución en algunos delitos de alto impacto, incluida una reducción en casos registrados como extorsión en lo corrido del año, aunque reconocen que persisten agrupaciones criminales residuales que intentan mantener economías ilícitas mediante la amenaza y la violencia contra comerciantes y transportadores. La Alcaldía de Soacha y la Gobernación de Cundinamarca han resaltado esfuerzos combinados de inteligencia, recompensas y presencia del Gaula para proteger sectores vulnerables y recuperar confianza ciudadana.

Comerciantes y líderes locales en Soacha han recibido con alivio la noticia de la judicialización, pero piden a las autoridades mantener operativos permanentes y programas de protección para quienes son víctimas de extorsión. Organizaciones gremiales del transporte y de comercio han requerido protocolos de atención que incluyan protección policial, líneas de denuncia blindadas y acompañamiento judicial para que las víctimas no sean revictimizadas en el proceso. Las campañas de denuncia y los incentivos para denunciar, combinados con resultados judiciales, son considerados por comerciantes como la ruta para desarticular cadenas de intimidación.

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