Rosa Elvira Cely tenía 35 años, era madre, residente en Bogotá y estudiante nocturna, donde validaba el bachillerato. Para sostener a su hija y apoyar a su madre realizaba trabajos informales, entre ellos la venta de dulces. Su entorno la describía como una mujer perseverante, dedicada y sin conflictos conocidos. Su vida transcurría entre el estudio y trabajo hasta que fue interrumpida por un crimen que expuso la extrema vulnerabilidad de las mujeres en los espacios públicos.
El vinculo con su agresor
Javier Velasco Valenzuela no era un extraño. Compartía con Rosa Elvira espacios académicos, lo que le permitió ganarse su confianza. El 23 de mayo de 2012 salieron juntos de la institución educativa donde ella estudiaba, acompañados inicialmente por otra persona. Esa cercanía fue determinante para que Rosa Elvira aceptara acompañarlo, evidenciando cómo la violencia feminicida puede originarse en relaciones previas y aparentemente seguras.
La noche del ataque
Entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de mayo de 2012, Rosa Elvira fue llevada al Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. En inmediaciones de la vía que atraviesa el parque, en una zona boscosa y de difícil acceso, Javier Velasco ejecutó el ataque. El crimen ocurrió a menos de 100 metros de las instalaciones policiales, pero sin testigos inmediatos, convirtiendo un espacio emblemático de la ciudad en escenario de extrema violencia.
Sevicia y violencia extrema
Según informes forenses, Rosa Elvira fue golpeada con un casco en la cabeza, lesionada con arma blanca en espalda y extremidades, violentada sexualmente, sometida a estrangulamiento y actos de tortura, incluido empalamiento. La agresión se prolongó entre una y dos horas. Medicina Legal concluyó que la violencia superó cualquier intento de sometimiento y reflejó una clara intención de causar daño extremo, elemento clave para agravar la responsabilidad penal.
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El pedido de auxilio
Gravemente herida, semidesnuda y sin poder moverse, Rosa Elvira logró comunicarse reiteradamente con la línea 123 desde las 4:00 a. m. del 24 de mayo. En la llamada pidió ayuda, relató que había sido violada y dio referencias de ubicación cerca de una quebrada bajo la Circunvalar. Su voz quedó registrada como una de las pruebas más dolorosas del caso, revelando la angustia y el abandono institucional.
Fallas en la atención de emergencia
Pese a la insistencia de la víctima, la Policía tardó cerca de dos horas en llegar. Solo una patrulla del CAI Granada acudió al sitio hacia las 6:00 a. m., aunque había estaciones cercanas con decenas de uniformados. No se dispuso un plan de búsqueda adecuado ni ambulancia oportuna. Rosa Elvira fue hallada con hipotermia, politraumatismos y heridas graves, a pocos metros de la vía pública y con contacto visual desde instalaciones policiales.
Atención médica y fallecimiento
La ambulancia llegó cerca de las 7:00 a. m. y trasladó a Rosa Elvira al Hospital Santa Clara, pese a existir centros médicos más cercanos. Ingresó a urgencias a las 7:52 a. m., pero permaneció sin atención médica efectiva durante horas. Murió el 28 de mayo de 2012 a las 2:00 a. m. por trauma contundente severo anorectal penetrante a pelvis, que desencadenó en peritonitis, infección generalizada (sepsis) y finalmente un paro cardiorrespiratoria.
Omisiones investigativas iniciales
Durante su permanencia en el Hospital Santa Clara no se practicaron exámenes forenses oportunos. El CTI no recolectó fluidos ni tejidos, ni adelantó diligencias inmediatas, lo que representó graves fallas en la preservación de evidencia. Estas omisiones afectaron el esclarecimiento temprano del caso y se sumaron a una cadena de negligencias que rodearon la atención y la investigación del crimen.
Antecedentes del agresor
El proceso reveló que Javier Velasco Valenzuela tenía un extenso historial criminal. En 2003 asesinó a Dismila Ochoa Ibáñez y fue declarado inimputable, recluido en centros psiquiátricos y luego liberado. Tenía denuncias previas por acceso carnal violento, abuso sexual contra menores y violencia intrafamiliar, varias sin investigación oportuna. Medicina Legal había advertido riesgo latente de reincidencia violenta si consumía alcohol.
Captura, juicio y condena
Velasco fue capturado y judicializado por homicidio, tortura y acceso carnal violento.
La Fiscalía sustentó la acusación con pruebas forenses, testimonios y antecedentes. En 2013 fue condenado a 48 años de prisión, una de las penas más altas del momento. La sentencia reconoció la sevicia, la relación de confianza previa y la reincidencia, aunque el caso dejó fuertes cuestionamientos al sistema judicial.
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Reacción ciudadana
El feminicidio de Rosa Elvira Cely provocó marchas, velatones y protestas en todo el país. Su nombre se convirtió en símbolo de la violencia extrema contra las mujeres y de las fallas del Estado en prevención, atención y justicia. La indignación colectiva impulsó debates nacionales sobre feminicidio, inimputabilidad, reincidencia y responsabilidad institucional frente a agresores peligrosos.
Les Rosa Elvira Cely y un caso abierto en la memoria
En 2015 se aprobó la Ley 1761, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, que tipificó el feminicidio como delito autónomo en Colombia. Aunque representó un avance jurídico, su aplicación sigue siendo desigual.
Homicidio de Dismila
Dismila Ochoa Ibáñez, empleada de servicio proveniente de la Costa Caribe, fue asesinada el 17 de febrero de 2003, en el sector del barrio 7 de Agosto. Javier Velasco Valenzuela dijo haberla conocido en un asadero de pollo y luego llevarla a su taller, donde consumieron licor y sostuvieron relaciones sexuales. Según su testimonio, tras una discusión en la que ella le reclamó haberle mentido sobre sus hijos, ella lo habría amenazado y él actuó en defensa propia. Afirmó que no recordaba el momento exacto del ataque. Una vez cometido el crimen, Velasco dijo que pensó en suicidarse, pero que en realidad le tapó la cara porque le resultaba “aterrador” mirarla y se volvió a acostar. Posteriormente, aseguró que sacó el cuerpo a la calle y lo dejó en un recipiente de basura. Fue declarado inimputable por Medicina Legal.
Sentencia al Estado
El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá declaró al Estado colombiano responsable por falla en el servicio en el feminicidio de Rosa Elvira Cely (24-28 de mayo de 2012). La sentencia determinó que la Fiscalía General de la Nación, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE – Hospital Santa Clara y la Secretaría Distrital de Salud – CRUE incurrieron en omisiones y negligencias relevantes: la Fiscalía no actuó con diligencia frente al agresor pese a múltiples procesos penales en su contra; el servicio de salud no garantizó atención médica oportuna; y la respuesta de emergencia fue tardía.
En consecuencia, el juzgado ordenó la reparación integral a la familia por perjuicios materiales y morales, y asignó porcentajes de responsabilidad a cada entidad, con la Fiscalía asumiendo la mayor parte.
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