El Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó nuevas pruebas de supervivencia de los cuatro funcionarios del CTI de la Fiscalía y de la Policía Nacional que permanecen secuestrados en el oriente del país. En el comunicado, el grupo armado anunció que los uniformados serán sometidos a un “juicio revolucionario”, luego de señalar la supuesta “lentitud” del Gobierno para alcanzar acuerdos humanitarios que permitan su liberación.
Los secuestrados son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes del CTI retenidos el 8 de mayo de 2025 en Fortul (Arauca), y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza junto al subintendente Franke Esley Hoyos Murcia, adscritos a la Dijín, quienes fueron secuestrados el 20 de julio de 2025 en la vía que comunica Tame con Arauca.
En su pronunciamiento, el ELN aseguró que aplicará su propio “código de guerra” y que, en este “juicio revolucionario”, los secuestrados podrán recibir penas de prisión de tres a siete años, teniendo derecho a recibir y enviar correspondencia familiar”. La estructura criminal agregó que informará los resultados una vez concluya ese proceso.

Drama de la familia del subintendente bogotano
El anuncio del ELN generó profunda preocupación entre las familias de los secuestrados. La madre de Franke, doña Alba, habló con Q’HUBO y expresó el dolor que atraviesa tras conocer el comunicado:
“Para mí fue como si realmente me lo fueran a entregar muerto, porque mis esperanzas son volverlo a ver”, dijo Alba. “Ellos están diciendo que si el Gobierno no se sienta en la mesa de negociación les hacen el juicio y los condenan allá. Imagínese cómo me debo estar sintiendo”, agregó.
La madre del subintendente relató que el pasado sábado recibieron una nueva prueba de supervivencia:
“Gracias a Dios estaba bien, aunque se ve agotado. Él le pidió al Presidente, a la Fiscalía y al director de la Dijín que hicieran las diligencias para su liberación”, cuenta la madre.

Doña Alba asegura que la Policía ha estado pendiente, pero no hay avances concretos: “Nos dicen que la Cruz Roja y la Iglesia están en contacto, pero hasta ahora no se ha logrado nada”.
Entre lágrimas, le envió un mensaje al Gobierno y a la guerrilla: “Señor Presidente, póngase la mano en el corazón y ayúdenos con la pronta liberación de mi hijo y los otros secuestrados. A los del ELN les digo que están jugando con la vida de ellos y con la de las familias. Nosotros recibimos este mensaje como un baldado de agua fría”.
Finalmente, dirigió unas palabras a su hijo: “Mi amor, tú eres muy fuerte. Sé que de esta vamos a salir y que Dios nos va a ayudar a volver a casa y estar reunidos nuevamente. No te olvides que te amamos y que estamos luchando todos los días por ti”.
¿Quiénes son los uniformados que salieron desde Bogotá?
Franke Esley Hoyos Murcia, subintendente de la Sijín con 17 años de servicio, y Fabián Pérez Mendoza, patrullero de la Dipol con más de 10 años en la institución. Los uniformados viajaban por tierra desde Bogotá para cumplir una misión oficial cuando fueron interceptados por hombres armados. Ambos habían advertido el riesgo del trayecto. Franke es padre de dos hijos; Fabián, padre de una niña.



del CTI.
¿Qué dijo el ministro de Defensa?
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, rechazó el anuncio del ELN sobre un “juicio revolucionario” a los cuatro secuestrados del CTI y la Policía. Afirmó que “someter a un ser humano al secuestro es un crimen, no un acto político” y pidió su liberación inmediata. Envió un mensaje de esperanza a las familias y aseguró que el Estado no los ha abandonado.
“No entiendo qué hay de revolucionario en causar dolor y evitar la paz”, dijo. Reiteró que las Fuerzas Militares no cederán al chantaje ni permitirán que el ELN intimide al país.

Fiscalía también exige su liberación
La Fiscalía General de la Nación exigió la liberación inmediata e incondicional de sus dos funcionarios secuestrados por el ELN, y calificó como inadmisible la amenaza de un “juicio revolucionario” contra ellos y dos policías también retenidos. Rechazó cualquier intento de canje y recordó que los servidores cumplen labores de protección a víctimas y testigos. Agradeció las gestiones humanitarias de organismos internacionales y confirmó que mantiene la investigación penal contra los responsables del frente oriental del ELN.
Su liberación no puede ser condicionada
La Defensoría del Pueblo también se sumó a las voces de rechazó frente al anuncio del ELN de someter a un “juicio revolucionario” a los funcionarios de la Fiscalía y la Policía secuestrados, recordando que esta privación de la libertad constituye el crimen de guerra de toma de rehenes, una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. Señaló que las víctimas son civiles y su liberación debe ser inmediata e incondicional, no sujeta a canjes. Exigió al ELN respetar el principio de humanidad y pidió al Gobierno y organismos internacionales redoblar esfuerzos por su pronta liberación y protección de sus derechos.
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