La Procuraduría General de la Nación anunció una decisión contundente frente a los hechos violentos ocurridos el 9 de septiembre de 2020, en medio de las protestas ciudadanas que estallaron tras el homicidio de Javier Ordóñez en Bogotá. El Ministerio Público destituyó e inhabilitó por 15 años al patrullero de la Policía Nacional Jhon Antonio Gutiérrez, hallado responsable disciplinariamente de la muerte de dos personas durante los disturbios en el CAI de Verbenal, en el norte de la capital.
Según el ente, el disciplinado “(…) debía velar por el goce y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente la vida, así como salvaguardar todas las libertades de estos, incluida la posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente, evitando al máximo el uso de la fuerza, limitándola al mínimo necesario (…)”.
Recuento del hecho
El 9 y 10 de septiembre de 2020 Bogotá y Soacha vivieron una de las jornadas más violentas de los últimos años, tras conocerse el caso de brutalidad policial contra Javier Ordóñez. Miles de ciudadanos salieron a protestar, pero las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la Fuerza Pública.
Los hechos generaron un fuerte rechazo nacional e internacional. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch pidieron al Estado colombiano esclarecer las muertes y sancionar a los responsables. Hoy, cinco años después, este fallo de la Procuraduría se suma a los procesos judiciales que han avanzado lentamente.
En el sector de Verbenal, al norte de la ciudad, las protestas se concentraron alrededor del CAI. Según las investigaciones, el patrullero Gutiérrez accionó su arma de dotación contra manifestantes, provocando la muerte de dos jóvenes. La Procuraduría determinó que su actuación no se enmarcó en los protocolos de uso legítimo de la fuerza ni en la defensa propia, configurando así una falta disciplinaria gravísima.
La condena
Cabe recordar que la justicia penal ya había condenado a Gutiérrez a 10 años de prisión por homicidio culposo. Durante el juicio, se demostró que disparó contra los manifestantes sin justificación válida. Sin embargo, la sanción disciplinaria de la Procuraduría es independiente y tiene efectos administrativos: lo saca de la Policía y le impide ejercer cargos en el Estado. Este doble proceso –penal y disciplinario– deja en firme la responsabilidad del uniformado, tanto ante la justicia ordinaria como ante el régimen interno de la institución policial.
La noticia generó múltiples reacciones. Organizaciones de derechos humanos celebraron la sanción, al considerarla un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas del 9S.
Varias investigaciones contra otros uniformados siguen abiertas en la Fiscalía y la Procuraduría. Las familias de las víctimas insisten en que no descansarán hasta que todos los responsables sean identificados y castigados.
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