Una madre de familia denunció presuntas irregularidades en el proceso mediante el cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) separó de su cuidado a su hijo de 13 años, quien actualmente permanece en una fundación de alta permanencia. Según su relato, acudió inicialmente a la entidad para buscar ayuda debido a que el menor presentaba problemas emocionales y conductas de autolesión, relacionadas con un presunto abuso sexual ocurrido años atrás.
“Mi denuncia es el abuso de poder que han tenido los defensores de familia, en este caso mi defensora, contra mí. Siento que ha sido una persona arbitraria, que no ha hecho el debido proceso y ha sido desleal”, afirmó.
¿Qué dice la madre?
De acuerdo con la mujer, los problemas de su hijo comenzaron tras un presunto abuso cometido por una niñera, que trabajó en su casa entre los años 2020 y 2023. Explicó que solo conoció lo ocurrido en 2025, cuando el menor habló del tema durante una consulta médica, mientras buscaban entender las razones de sus conductas autolesivas.
“Mi hijo contó que una vez que como castigo la niñera le bajó los pantalones y le tocó sus genitales. Yo la denuncié ante la Fiscalía, pero ya va más de un año y aún no se han pronunciado”, indicó.
Ante la situación emocional del menor, la madre acudió al ICBF para solicitar acompañamiento institucional. Sin embargo, aseguró que meses después, durante una audiencia de seguimiento del proceso, reconoció que en una ocasión castigó al niño con un correazo, situación que, según ella, fue utilizada para retirarle la custodia.
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“Mi honestidad fue mi condena. Yo dije que en una ocasión le había pegado un correazo y se basaron solo en ese testimonio para decir que ya era maltrato. No le hicieron pruebas y el niño tampoco dijo nada en mi contra”, sostuvo.
Tras la decisión administrativa, el infante fue trasladado inicialmente a un centro de emergencia y posteriormente a una fundación de alta permanencia, donde permanece desde el 24 de diciembre de 2025. La madre afirma que allí el adolescente ha enfrentado situaciones difíciles y episodios de autolesión.
“Mi hijo me decía que estaba desesperado, que no aguantaba más. Me dijo que quiere volver a casa conmigo, con su hermanita y con mi esposo”, relató.
Según explicó, el menor fue internado en febrero de este año en la Clínica La Paz tras presentar nuevas autolesiones. Posteriormente, fue dado de alta y se encuentra bajo el cuidado de la entidad.
La mujer asegura que ha participado en plantones y reuniones con entidades para pedir la revisión del caso. Uno de ellos se realizó el pasado 5 de marzo, cuando varios padres se reunieron con directivos del sistema de protección a la niñez.
“Nosotros hicimos un plantón para pedir que revisaran nuestros casos. Lo único que queremos es que se garantice el bienestar de nuestros hijos”, explicó.
Actualmente el proceso se encuentra en revisión judicial luego de que su defensa solicitara la homologación de la decisión administrativa ante un juez. No obstante, la madre afirma que el expediente no habría sido remitido completo.
“El juez no ha podido tomar una decisión porque el expediente llegó incompleto. Al final quien termina pagando los platos rotos es mi hijo”, señaló.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para revisar el funcionamiento del sistema de protección y las condiciones en las que permanecen algunos menores.
“Mi llamado es que escojan personal idóneo para los casos de familia y que intervengan las fundaciones donde están los niños. Ellos no pueden ser maltratados ni manipulados psicológicamente”, concluyó.
¿Qué se conoce del caso?
De manera extraoficial, Q’HUBO conoció que el proceso relacionado con el menor de edad se encuentra actualmente bajo estudio en un juzgado de familia. Esta instancia será la encargada de revisar el expediente de manera integral y emitir una decisión definitiva sobre el caso.
Debido a que la investigación se originó por una denuncia de presunta violencia sexual, la Fiscalía General de la Nación también interviene en el proceso penal. Estos casos suelen ser extensos, ya que requieren un análisis riguroso de pruebas técnicas, testimonios y peritajes especializados antes de establecer responsabilidades legales.
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