Dos casos de presunto maltrato animal ocurridos en distintos puntos de Bogotá terminaron en judicialización por parte de la Fiscalía, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA).
Maltrato en Usaquén
El primero se registró el 24 de octubre en un conjunto residencial de la avenida carrera 9 con calle 146. A. Ariza Durán fue imputado por, presuntamente, maltratar de manera reiterada a Samantha, una Golden Retriever de 14 años.
Videos grabados por vecinos evidenciarían agresiones en zonas comunes, incluso en el cuarto de basuras. El delito atribuido es lesiones que menoscaban gravemente la salud o integridad física del animal, en modalidad agravada, cargo que no fue aceptado.
Las imágenes, difundidas en redes sociales y remitidas al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), motivaron un operativo conjunto con Policía Ambiental, Policía Nacional de Colombia, Alcaldía Local de Usaquén y Fiscalía.
“Al llegar al lugar, el equipo médico veterinario realizó la valoración inicial de Samantha, quien presentaba dolor y signos compatibles con agresiones recientes”, informó la entidad en su momento. La canina fue rescatada y quedó bajo protección.
Crueldad en Bosa
El segundo caso ocurrió el 26 de noviembre en el barrio Bosa Porvenir. O. Marín Sotelo fue imputada por el delito de muerte a animal agravada, luego de que, presuntamente, lanzara desde el balcón de un segundo piso a Mila, una perra de ocho meses, que falleció en el lugar. El cargo tampoco fue aceptado.
“Hay un propietario que vio cuando la residente estaba golpeando al animal en el balcón antes de lanzarlo”, relató un vecino.
De acuerdo con la Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel), que refuerza las medidas contra el maltrato animal en el país, quien cause la muerte a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado se expone a una pena de prisión entre 32 y 56 meses.
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Además, la norma contempla una inhabilidad de dos a cinco años para ejercer actividades profesionales, oficios o comercios relacionados con animales; la prohibición de adquirir, tener o cuidar animales, y una multa que oscila entre tres y 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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