La condena contra el coronel Publio Hernán Mejía destapó uno de los capítulos menos conocidos del conflicto en el Cesar: la violencia diferenciada contra las mujeres. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comprobó que, dentro del patrón de macrocriminalidad, las mujeres no solo fueron asesinadas para inflar cifras, sino que sufrieron actos de crueldad, machismo y humillación previos a su muerte.

El fallo judicial concluyó que estas muertes reflejaron las violencias propias de una guerra ejercida mayoritariamente por hombres. La investigación demostró que el “Ilegal Aparato Organizado de Poder” utilizó el cuerpo de las mujeres y su rol social para ejercer poder antes de ejecutarlas.

Entre los casos más aberrantes documentados se encuentra el de una mujer aún no identificada, asesinada el 17 de agosto de 2003 en el municipio de San Diego. Antes de morir, los soldados la retuvieron ilegalmente, la amedrentaron y la sometieron a una humillación basada en estereotipos de género.

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Según el expediente, esta mujer fue amarrada con un lazo por la cintura y obligada a vestirse con ropa camuflada. En un acto de total perversidad, los uniformados la forzaron a realizar labores domésticas, específicamente a cocinarles los alimentos a los mismos soldados que, horas después, se convertirían en sus verdugos.

La JEP determinó que no contentos con la violencia física y psicológica, los militares la asesinaron propinándole múltiples disparos para luego presentarla falsamente como una baja en combate y cobrar los beneficios operacionales.

Otro hecho que ilustra esta sevicia fue el asesinato de Tania Solano Tristancho, una estudiante y madre de dos niñas. Tania fue retenida por la tropa y sometida a una tortura psicológica devastadora. Los militares le amarraron las manos y le cubrieron los ojos.

Mientras ella lloraba desconsolada frente a la tropa, sabiendo que iba a morir y pensando en sus hijas, los soldados prepararon la escena para ultimarla. Su ejecución dejó huérfanas a dos menores y marcó una tragedia familiar que los militares intentaron encubrir bajo el manto de un supuesto éxito operacional.

La sentencia enfatizó que estos crímenes se perpetraron con actos de discriminación por el hecho de ser mujeres. El tribunal señaló que estas conductas no fueron daños colaterales, sino acciones deliberadas que buscaron deshumanizar a las víctimas antes de arrebatarles la vida, todo bajo la mirada complaciente del comandante del batallón, quien recibió condecoraciones por estos “resultados”.

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Se ensañaron contra el pueblo kankuano

La sentencia confirmó que el pueblo indígena Kankuamo y las comunidades campesinas del Cesar fueron el blanco predilecto de la alianza criminal entre el Ejército y las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El fallo estableció que la doctrina del “enemigo interno” se aplicó con rigor contra estas poblaciones, estigmatizándolas como auxiliadoras de la guerrilla para justificar su asesinato.

Uno de los casos más dramáticos revelados en el juicio fue el de Carlos Arturo Cáceres, un campesino kankuamo asesinado el 16 de julio de 2003. Ese día, Carlos Arturo caminaba hacia Guatapurí con una caneca de leche y la ilusión de conocer a su hijo recién nacido.

Los militares del Batallón La Popa lo interceptaron en el camino. Le arrebataron la leche, le impidieron llegar a su casa para abrazar a su bebé y se lo llevaron a la fuerza. Horas después, por orden directa del comando, fue ejecutado y presentado como un guerrillero abatido en la “Operación Judas”. Su hijo creció sin padre por culpa de un montaje militar.

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La sentencia también dignificó la memoria de las víctimas al desmentir las versiones oficiales que se mantuvieron por dos décadas. La magistratura concluyó que los jóvenes asesinados no eran combatientes peligrosos, sino personas humildes que realizaban labores de subsistencia.

El fallo fue contundente: “Sí estaban recogiendo café, sí estaban cazando conejos, sí estaban ordeñando”. Casos como el de Alfredo Hernández y Willington Baena, quienes salieron a cazar conejos para comer y terminaron en la morgue de Valledupar señalados como terroristas, demostraron que la vulnerabilidad económica fue un factor determinante para seleccionar a las víctimas.

La investigación probó que los paramilitares actuaron como “proveedores” de víctimas para el Ejército. En el caso de los recolectores de café Albeiro Flórez y Édgar Beltrán, las autodefensas los retuvieron en una finca y entregaron sus cuerpos en una escuela abandonada para que los militares simularan el combate. Sus familias tardaron cuatro años en saber la verdad, enterándose por un listado de prensa sobre cuerpos “NN” identificados.

Escrita por Colprensa.

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