La Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Diego Marín Franco por su presunta responsabilidad en el violento ataque con arma cortopunzante contra su expareja sentimental María Andrea Arango Montenegro, ocurrido el 23 de septiembre de 2025 en el corregimiento Manzanillo del Mar, en el norte de Cartagena (Bolívar).

Hijo de “Papá Pitufo”
La noticia generó atención nacional debido a que Juan Diego Marín Franco es hijo de alias “Papá Pitufo”, reconocido como uno de los principales señalados del contrabando en la Costa Caribe. Diversos medios confirmaron que el parentesco fue mencionado durante las diligencias judiciales, aunque las autoridades aclararon que este proceso no guarda relación con las actividades ilícitas atribuidas a su padre.
De acuerdo con el reporte oficial del ente acusador, Juan Diego Marín llegó hasta la vivienda donde residía la mujer y, tras una acalorada discusión, la habría agredido con un objeto cortopunzante, causándole heridas graves en varias partes del cuerpo que pusieron en riesgo su vida. Según la información médica recopilada por la Fiscalía, la víctima María Andrea Arango Montenegro perdió el conocimiento tras la agresión y fue trasladada de urgencias a un centro hospitalario en la capital de Bolívar, donde fue reanimada e intervenida quirúrgicamente. Los dictámenes posteriores indicaron que su estado fue crítico y que las lesiones comprometieron órganos vitales, por lo que su vida estuvo en riesgo inminente. El ataque ocurrió dentro de un inmueble del sector Manzanillo del Mar y se presentó tras una discusión motivada por la ruptura sentimental. La víctima, de quien se reserva la identidad por razones de seguridad, logró ser estabilizada gracias a la rápida intervención médica.
Capturado hijo de alias «Papá Pitufo» por agredir con cuchillo a su pareja en #Cartagena@PoliciaCtagena@secinteriorctg
— Juan Carlos Ceron (@ceroncar) September 25, 2025
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Minutos después del ataque, uniformados de la Policía Nacional capturaron al presunto agresor. El hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, donde una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado por el procesado. El juez, tras evaluar el material probatorio y las declaraciones médicas, determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza la investigación en su contra. La Fiscalía resaltó que este caso se enmarca dentro de su política institucional de lucha contra la violencia de género, reafirmando su compromiso con la protección de las mujeres víctimas de agresiones físicas, psicológicas o sexuales.
Algunos medios reportaron que el juez valoró el riesgo de reincidencia y la gravedad de las lesiones para justificar la medida intramural. Además, se conoció que la Fiscalía reunió testimonios de vecinos y registros fotográficos del lugar de los hechos, elementos que refuerzan la hipótesis de tentativa de feminicidio. Durante la audiencia concentrada, la fiscal del caso presentó los elementos materiales probatorios recolectados en el proceso, entre ellos el arma cortopunzante incautada, los informes periciales de Medicina Legal y los dictámenes médicos del hospital que atendió a la víctima.

El juez consideró que existían suficientes indicios de responsabilidad penal y que la libertad del acusado representaba un riesgo tanto para la víctima como para la sociedad. Por tal motivo, ordenó su reclusión preventiva en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial. Marín Franco fue trasladado de inmediato a un centro penitenciario de Cartagena, donde permanecerá hasta que avance la etapa de juicio. Asimismo, la Fiscalía solicitó medidas de protección adicionales para la víctima, quien continúa bajo tratamiento médico y psicológico debido a las secuelas físicas y emocionales del ataque.
La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso en la investigación y sanción de los casos de violencia basada en género, recordando que el feminicidio y su tentativa son delitos graves contemplados en el Código Penal colombiano, con penas que pueden superar los 40 años de prisión cuando se comprueba la intención de causar la muerte por motivos de género o relaciones sentimentales. El ente investigador destacó que este caso forma parte de los resultados obtenidos por el Grupo de Género de la Seccional Bolívar, que durante el año ha logrado avances significativos en procesos judiciales relacionados con agresiones a mujeres en Cartagena y municipios aledaños.

El hecho ha generado repudio en Cartagena y reavivó el debate sobre la violencia intrafamiliar y los feminicidios en el país. En lo corrido de 2025, organizaciones sociales han alertado sobre el incremento de agresiones contra mujeres en el departamento de Bolívar, muchas de ellas perpetradas por exparejas o compañeros sentimentales. Tanto la Alcaldía de Cartagena como la Gobernación de Bolívar reiteraron su apoyo a la víctima y llamaron a las autoridades judiciales a mantener la celeridad del proceso. Además, recordaron las líneas de atención a víctimas de violencia de género disponibles en la ciudad: la Línea 155 y la Línea 123 Social.
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