Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra D. Pérez Acosta, quien es investigado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de los delitos de extorsión agravada y violación de datos personales, por hechos que habrían ocurrido en el municipio de Mosquera.
Según la denuncia presentada por la víctima, los hechos se remontan al 20 de agosto de 2025, cuando Pérez Acosta habría obtenido fotografías y videos de carácter íntimo de una mujer durante una sesión de prueba en una agencia de modelos webcam. Con ese material en su poder, el señalado le habría exigido a la mujer la suma de $ 900.000 pesos colombianos, advirtiéndole que de no pagar él publicaría el material íntimo en redes sociales o se lo mostraría a sus familiares.
El caso avanzó luego de que la víctima interpuso la denuncia correspondiente, lo que permitió la intervención del Gaula de la Policía Nacional, entidad encargada de realizar labores de seguimiento al presunto extorsionador. Las autoridades coordinaron lo que se conoce como entrega controlada de dinero.
Lograron su captura
El 11 de septiembre de 2025, en Mosquera, D. Pérez Acosta fue capturado en flagrancia cuando pretendía recibir como adelanto $ 800.000 pesos de lo exigido inicialmente. Durante el operativo se incautaron un teléfono celular, presuntamente usado para almacenar y posiblemente difundir los contenidos íntimos, y dinero en efectivo.
En audiencia concentrada, al imputado se le notificaron formalmente los cargos de extorsión agravada y violación de datos personales. Pérez Acosta no aceptó los cargos durante dicha audiencia. El juez de control de garantías consideró que la evidencia, incluyendo la captura en flagrancia, la incautación del celular y el dinero, y la denuncia previa de la víctima, justificaba imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que implica que el investigado permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso penal.
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Datos sobre la extorsión en el país
En Colombia, el delito de extorsión agravada se configura cuando una persona exige dinero o algún beneficio bajo amenaza de causar un daño, divulgar información o realizar una acción ilícita, como ocurrió en este caso en el que el señalado pretendía difundir imágenes íntimas que atentaban contra la privacidad de la víctima. A su vez, la violación de datos personales comprende la obtención, almacenamiento o divulgación de información privada sin autorización, incluyendo material íntimo obtenido en contextos sensibles.
Este tipo de hechos, relacionados con la llamada ‘pornovenganza‘ o chantaje con contenido íntimo, se han convertido en una problemática creciente en Colombia y en otros países, pues generan graves consecuencias psicológicas, sociales y familiares para las víctimas, además de sanciones penales para los responsables.
Aunque en los reportes disponibles no aparece el nombre de la víctima, con el fin de proteger su intimidad, sí se conoció que la mujer acudió oportunamente a las autoridades, lo que permitió activar los mecanismos legales de protección y dar inicio a la investigación.
Durante el operativo, las autoridades incautaron un teléfono celular que es considerado una prueba clave, ya que podría contener los contenidos íntimos, los mensajes de exigencia, así como información de contactos y la trazabilidad de las amenazas. Al no aceptar los cargos formulados en su contra, el proceso judicial contra Duván Felipe Pérez Acosta deberá continuar con la audiencia de acusación. En esta etapa, la Fiscalía podría presentar peritajes digitales, cotejo de materiales y otros elementos probatorios para determinar si existe mérito suficiente que conduzca a una condena.
Por último, la medida de aseguramiento en centro carcelario fue impuesta para evitar que el investigado pueda obstruir la investigación, cometer nuevos delitos o evadir la acción de la justicia, mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso penal.
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