Un hombre de 23 años fue capturado en Sutatausa (Cundinamarca) por orden judicial por el delito de Acceso Carnal Abusivo con Menor de 14 Años. El detenido, que se desempeñaba como servidor público en la administración municipal, era el padrastro de las víctimas, dos niñas de tan solo 2 y 3 años de edad.
La Policía de Cundinamarca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró establecer la presunta responsabilidad del sujeto en el ataque a sus dos hijastras.
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La investigación por violencia intrafamiliar
La investigación se puso en marcha el pasado 12 de junio de 2025, tras la activación de la ruta de atención por Violencia Intrafamiliar, coordinada con la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia. En esa fecha, las dos menores fueron trasladadas de urgencia al Hospital El Salvador de Ubaté.
El dictamen médico realizado a las niñas fue crucial para el desarrollo del caso. Los reportes clínicos evidenciaron secuelas de lesiones personales en ambas menores, de 2 y 3 años, al igual que también confirmaron signos de violencia sexual en una de ellas.
El padrastro, presunto agresor sexual
Gracias a un riguroso trabajo metodológico y a la recolección de elementos materiales probatorios por parte de la Seccional de Protección y Servicios Especiales (SEPRO) y la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC), las autoridades lograron establecer la presunta responsabilidad del padrastro en los hechos.
Se conoció que el hombre, de 23 años, laboraba en la planta de tratamiento de agua potable de la alcaldía municipal de Sutatausa. La orden judicial en su contra se materializó con la captura del sujeto en el casco urbano del municipio.
El hombre deberá responder ante las autoridades competentes por los delitos de Acceso Carnal Abusivo con Menor de 14 Años y Violencia Intrafamiliar. Un juez de la República dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad, lo que significa que el presunto agresor será recluido en un centro carcelario.
La Policía Nacional rechazó enérgicamente cualquier acto que atente contra los derechos de los niños y adolescentes e invitó a la comunidad a mantener la vigilancia y denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los menores a través de la línea de emergencia 123 o la línea 141 del ICBF.
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