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SIC investiga a Movistar por cobrar equipos de wifi sin consentimiento
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició un proceso formal contra Movistar, tras recibir múltiples denuncias sobre cargos injustificados en las facturas de sus clientes.
Foto 1: Movistar Foto 2: X - @sicsuper
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigación contra Movistar por cobrar presuntamente el uso de equipos de Wifi a sus usuarios sin consentimiento.

La investigación surgió a raíz de múltiples denuncias presentadas por usuarios de la empresa que aseguraban que se les estaba cobrando el uso de unos por equipos repetidores conocidos como ‘Baseport’, sin que ellos lo hubieran aprobado.

SIC investiga a Movistar por cobrar equipos de wifi sin consentimiento La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició un proceso formal contra Movistar, tras recibir múltiples denuncias sobre cargos injustificados en las facturas de sus clientes.
Foto: Q’hubobucaramanga

Esta situación, que se habría presentado desde agosto de 2020 hasta mayo de 2024, según la Superintendencia, podría vulnerar el derecho de libre elección de los consumidores.

Luego de un análisis preliminar de la información, la SIC decidió formular pliego de cargos “para establecer si Movistar vulneró el derecho que tienen los usuarios a elegir en todo momento los equipos utilizados para acceder al servicio, sin que pueda presumirse de su voluntad”.

SIC investiga a Movistar por cobrar equipos de wifi sin consentimiento La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició un proceso formal contra Movistar, tras recibir múltiples denuncias sobre cargos injustificados en las facturas de sus clientes.
Foto: Canva

La conducta de Movistar, además, habría violado el derecho de los usuarios de conocer las tarifas aplicables a los servicios contratados, pues estos serían “cobros sorpresa”, que aparecen en la factura, pero que no se le informaron previamente al usuario.

De comprobarse la irregularidad podrían imponerse a Movistar multas de hasta 15.000 salarios mínimos por cada infracción.

Redacción Colprensa.

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