La capital del país dio inicio al proceso de alistamiento para el retorno voluntario de más de mil personas de la comunidad Emberá que actualmente permanece en el Parque Nacional, La Rioja y La Florida. Este procedimiento, que comenzó el pasado 2 de septiembre y que tendrá su primer traslado el 8 de septiembre, busca garantizar que las familias indígenas regresen a sus territorios de origen o encuentren alternativas de reubicación en condiciones de dignidad y seguridad.
Cinco entidades del Distrito trabajan de manera articulada para que el proceso se cumpla de manera ordenada y transparente: la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, junto con las secretarías de Gobierno, Integración Social, Salud y Educación. A nivel nacional, la Unidad para las Víctimas lidera la operación, en coordinación con las autoridades locales de Risaralda y Chocó, principales destinos de retorno.
De acuerdo con la Consejería de Paz, el alistamiento incluyó un conjunto de actividades esenciales para garantizar la seguridad e integridad de la población. Entre ellas se realizaron valoraciones médicas, revisión del estado de los animales de compañía, trámites de cedulación e identificación, y la firma de actas de voluntariedad, requisito fundamental para constatar que ninguna familia sea obligada a salir en contra de su voluntad.
Estos procedimientos, que se desarrollan de manera paralela en los tres puntos de concentración, tienen como objetivo preparar a las familias para que su traslado se realice con todas las garantías y bajo el principio de respeto a sus derechos colectivos e individuales.
Tres fases de traslado
La operación de retorno se ejecutará en tres momentos: el primero, previsto para el lunes 8 de septiembre, contempla la salida de cerca de 750 personas que actualmente habitan en el Parque Nacional. Posteriormente, se llevará a cabo el traslado de las familias que residen en La Rioja; finalmente, se completará el proceso con la población ubicada en La Florida.
“El traslado ocurrirá en tres momentos: primero sale la población que está en Parque Nacional. Posteriormente retornaremos a las familias ubicadas en La Rioja, y terminaremos con las que están en La Florida. El primer traslado será de cerca de 750 personas el lunes 8 de septiembre”, explicó Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación.
El día del traslado, las familias recibirán lonas para empacar sus pertenencias y contarán con acompañamiento para el cargue de enseres. Una vez listos, subirán a los buses que las llevarán hacia sus destinos. El acompañamiento institucional continuará durante todo el trayecto y en el proceso de asentamiento en los territorios de origen.
Los principales lugares de destino serán Pueblo Rico, en Risaralda, y Bagadó, en el departamento del Chocó. En estos territorios, el Gobierno Nacional y las autoridades locales trabajan para garantizar condiciones de recepción dignas, que incluyen espacios de alojamiento temporal, asistencia humanitaria y procesos de integración comunitaria.
La Unidad para las Víctimas, como entidad coordinadora a nivel nacional, ha asegurado que en las zonas receptoras se adelantan tareas de preparación logística y de seguridad, con el fin de que los Embera puedan restablecer sus proyectos de vida en un entorno más cercano a su cosmovisión y tradiciones.
Principios de dignidad, seguridad y voluntariedad
Uno de los aspectos más destacados del proceso es que se desarrolla bajo tres principios fundamentales: dignidad, seguridad y voluntariedad. La dignidad implica que las familias Emberá tengan acceso a condiciones básicas de bienestar durante el traslado y al llegar a sus comunidades. La seguridad busca que el retorno se realice sin riesgos, especialmente considerando los contextos de violencia que históricamente han afectado a los pueblos indígenas en Colombia. Y la voluntariedad garantiza que cada familia tome la decisión libremente, sin presiones externas. Estos principios son también una exigencia de la Corte Constitucional, que en distintos fallos ha ordenado al Estado colombiano atender integralmente a las comunidades indígenas desplazadas y evitar que se perpetúe su situación de vulnerabilidad.
La población Emberá ha enfrentado en los últimos años múltiples desafíos en Bogotá. La falta de condiciones adecuadas de vivienda y las tensiones culturales con la vida urbana han generado que muchos de ellos vean el retorno como una opción más favorable. No obstante, un sector de la comunidad ha manifestado interés en permanecer en la capital, buscando integrarse a través de procesos educativos y productivos. Para este grupo, el Distrito también ha diseñado rutas de acompañamiento social y programas de inclusión, con el fin de que puedan mejorar su calidad de vida sin perder su identidad cultural.
Si bien el inicio del retorno representa un avance significativo, persisten retos en su implementación. Expertos en derechos indígenas advierten que el éxito dependerá de que los territorios de origen cuenten con garantías reales de seguridad y oportunidades de desarrollo. De lo contrario, existe el riesgo de que las familias retornen nuevamente a la ciudad en busca de mejores condiciones.
El retorno de la comunidad Embera también es visto como un paso hacia la reconciliación nacional. Permitir que estas familias regresen a sus territorios en condiciones de respeto y seguridad fortalece el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos y contribuye a saldar la deuda histórica que el Estado mantiene con ellos. En palabras de Isabelita Mercado, “este es un esfuerzo conjunto que no solo busca un traslado físico, sino la reconstrucción de proyectos de vida en armonía con las raíces culturales y ancestrales de la comunidad”.
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