En una intensa jornada legislativa, la Cámara de Representantes aprobó un total de 23 artículos del proyecto de reforma a la salud, lo que representa aproximadamente el 37% de la iniciativa. Sin embargo, el debate fue suspendido y se retomará en febrero de 2025 durante las sesiones extraordinarias del Congreso.
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Uno de los puntos más discutidos ha sido la sugerencia de la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso, que propone que la reforma debería ser tramitada como una ley estatutaria en lugar de una ordinaria, dado que la salud es un derecho fundamental. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro insistió en que la Ley 100 de 1993, la cual está siendo modificada, es una ley ordinaria, y que la Ley Estatutaria de Salud seguirá vigente.
El concepto emitido por esta unidad del Congreso no es vinculante, pero podría ser evaluado por la Corte Constitucional si la reforma es finalmente aprobada. En cuanto al avance legislativo, hasta el cierre de las sesiones extraordinarias, el proyecto solo ha aprobado 24 de los 62 artículos. Los debates y decisiones pendientes se retomarán el próximo año, dejando aún varios aspectos cruciales por discutir. A pesar de esto, el Gobierno de Gustavo Petro celebra los avances obtenidos hasta el momento y considera que el proceso va por buen camino.
¿Qué cambios plantea la reforma a la Salud?
La reforma introduce cambios significativos en el sistema de salud, y entre los aspectos más destacados se encuentra la territorialización de la atención sanitaria. La propuesta establece que los servicios de salud dependerán de la ubicación geográfica de los ciudadanos, lo que implica que la atención será organizada de acuerdo con barrios, comunas, localidades y departamentos. Cada persona deberá inscribirse en un Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) cercano a su residencia, y este centro será el punto de acceso a servicios médicos, tanto para consultas programadas como para atenciones derivadas por brigadas de salud territorial, que visitarán hogares en áreas rurales y marginadas.
Otro cambio relevante es la transformación de las actuales EPS en Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGSV), las cuales serán responsables de coordinar la atención en redes de hospitales y clínicas de mediana y alta complejidad. Las EGSV también tendrán la tarea de realizar auditorías médicas para verificar que los cobros al Estado por servicios de salud sean legítimos. Además, la reforma propone que el sistema de atención médica se estructure mediante las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Servicios de Salud (RIITS), gestionadas por las secretarías de salud locales. Esto implica que los pacientes atendidos en los CAPS serán remitidos a estos prestadores de servicios de salud de mayor nivel según la necesidad.
Por último, la reforma plantea la eliminación de la afiliación nacional a las EPS, trasladando la afiliación a un modelo departamental. Las nuevas EGSV estarán organizadas según territorios, lo que significa que las EPS actuales, como Sura, solo podrían operar en el departamento en el que tienen experiencia, y no en todo el país. Este cambio busca mejorar la gestión local de los servicios de salud, permitiendo un enfoque más adaptado a las necesidades específicas de cada región. La transición a este nuevo modelo de salud sigue siendo un tema de amplio debate y será uno de los aspectos clave de la discusión legislativa en 2025.
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