El panorama de la movilidad digital en el país ha entrado en una fase de máxima tensión tras conocerse que un nuevo proyecto de ley busca prohibir las plataformas de transporte en Colombia. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia, fue radicada en el Senado con el objetivo de erradicar la operación de aplicaciones como Uber, Didi y Cabify, las cuales hoy operan en un vacío regulatorio. El texto ha encendido las alarmas no solo por la restricción a la tecnología, sino por la severidad de las sanciones que recaerían sobre conductores, propietarios de vehículos y los mismos ciudadanos que utilizan estos servicios para desplazarse.
Un proyecto que busca la prohibición total del servicio
La propuesta normativa modifica el régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte y tipifica como ilegal cualquier traslado de personas o carga en vehículos particulares que no cuente con una autorización oficial. Bajo esta nueva definición, el “servicio ilegal de transporte” se convierte en un blanco prioritario para la Policía Nacional y los alcaldes, a quienes el proyecto faculta para perseguir estas modalidades con la misma rigurosidad con la que se atiende una alteración del orden público.
Uno de los puntos más polémicos radica en que las sanciones no se limitan a las empresas tecnológicas. El texto legal estipula que cualquier persona natural o jurídica que “permita, facilite, estimule, propicien, autoricen, contraten o exijan” estos traslados enfrentará multas que podrían escalar hasta los 726 millones de pesos en casos corporativos, o de aproximadamente 4,7 millones de pesos por cada viaje realizado para el caso de individuos. Esto implicaría que incluso unidades residenciales o centros comerciales podrían verse inmersos en líos legales si se comprueba que facilitan el acceso a estos servicios en sus instalaciones.
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Inmovilizaciones y multas bajo la lupa de la ley
El régimen sancionatorio propuesto en los artículos 35 y 68 del proyecto endurece las consecuencias físicas para los conductores. La retención de los vehículos se daría por periodos que inician en los 60 días tras la primera infracción, aumentando a 90 días en la segunda y hasta 120 días por reincidencia. Esta medida busca asfixiar económicamente a quienes dependen de sus vehículos particulares para generar ingresos, calificando su actividad como una amenaza a la estabilidad del transporte formal.
José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, expresó su rechazo a la iniciativa en una entrevista concedida a Blu Radio, calificando el documento como un retroceso institucional. “Estamos retrocediendo con un intento de prohibición con un proyecto de ley autoritario, regresivo que destruye cientos de miles de trabajos de gente honrada que se mete con las libertades de la gente”, afirmó el dirigente gremial en el medio radial.
López detalló en Blu Radio que el impacto para el ciudadano común sería inédito: “A usted como usuario le correspondería seguramente no solamente una investigación administrativa en la superintendencia de transporte como persona natural, sino que además por cada viaje a los usuarios y a las plataformas pueden ponerle multas de hasta 4.7 millones de pesos”.
El debate sobre la criminalización y la censura
Otro aspecto que ha generado malestar es el artículo 69, que prohibiría a funcionarios públicos y congresistas emitir opiniones que favorezcan o legitimen el uso de estas aplicaciones, lo cual ha sido interpretado por sectores de la oposición como una forma de censura. López recordó que en 2024 cerca de 1,2 millones de conductores utilizaron estas herramientas, y que incluso 200 mil taxistas dependen de la tecnología para conectar con sus pasajeros, por lo que una prohibición afectaría la economía de miles de familias.
Por su parte, la empresa Uber Colombia emitió una respuesta contundente frente a la intención gubernamental de endurecer las penas. “Durante más de una década, millones de personas han elegido la tecnología para moverse y generar ganancias adicionales de forma más segura y responsable. Convertir esas decisiones cotidianas en un asunto penal no es el camino para Colombia, ni refleja el país moderno, libre y práctico que los ciudadanos ya construyen todos los días”, manifestó la compañía.
Desde la plataforma añadieron que “criminalizar el uso de una aplicación no protege a nadie; solo pone en riesgo la integridad y la seguridad de millones de usuarios, conductores de taxi y arrendadores de moto y vehículos particulares, así como la estabilidad y la tranquilidad de sus familias”. El debate ahora se traslada a las comisiones del Senado, donde se definirá si Colombia avanza hacia la regulación o hacia la eliminación definitiva de estas opciones de movilidad.
Escrito con ayuda de la IA.
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