En reuniones clave con su equipo económico, El presidente Gustavo Petro ha subrayado la urgencia de asegurar recursos suficientes para programas de asistencia social y subsidios para el próximo año luego del hundimiento de su Reforma Tributaria. El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, destacó la necesidad de buscar recursos de manera innovadora, “debajo de las piedras”, para evitar mayores dificultades para los sectores más vulnerables de la población.

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Una de las prioridades dentro de estos ajustes es el programa Renta Joven, que apoya a estudiantes de universidades públicas y del SENA. Este programa enfrenta una falta de recursos significativa, ya que, de los 487.000 millones de pesos necesarios para su continuidad, solo se cuentan con 250.000 millones de pesos. A pesar de los recortes en otras áreas, el Gobierno está comprometido a garantizar el apoyo a este programa vital, según lo indicó Bolívar. “La mitad de la plata ya la hemos encontrado”, a través de ajustes internos dentro de Prosperidad Social, pero la situación sigue siendo crítica.

¿Qué pasará con los subsidios y programas de prosperidad?

La falta de aprobación de la ley de financiamiento y la ausencia de discusión sobre el presupuesto en el Congreso han profundizado la crisis fiscal, lo que pone en riesgo varios programas sensibles, como Renta Joven. Según Bolívar, la desfinanciación en el país es de 12 billones de pesos, lo que ha obligado al Gobierno a hacer ajustes drásticos en el presupuesto, priorizando rubros y sacrificando otras áreas. Esta situación ha llevado a la reestructuración de varias entidades, con el objetivo de asegurar la viabilidad de los programas sociales fundamentales.

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Como parte de los esfuerzos de austeridad, el Gobierno ha implementado una estrategia de recortes en el gasto operativo y en la contratación de personal. En este sentido, el DPS ha decidido reducir el número de contratistas, priorizando la formalización de más empleos en lugar de depender de personal externo. Esta medida, aunque necesaria para la sostenibilidad a largo plazo de los programas, ha generado tanto reconocimiento como críticas, debido a la incertidumbre que genera entre los trabajadores contratistas. Bolívar explicó que la contratación de nuevos empleados de planta, aunque más reducida, se considera una alternativa a largo plazo.

En el caso específico de Prosperidad Social, se estima que se formalizarán 160 nuevos empleos, pero, lamentablemente, se procederá a recortar 400 contratistas. Aunque muchos de estos contratistas son valiosos, se ha señalado que algunos tienen múltiples contratos y, en ocasiones, no pueden cumplir con todas sus responsabilidades. Este ajuste busca reducir la dependencia de personal temporal y garantizar una estructura más estable y eficiente dentro de las entidades del Estado.

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