El fin de Comuneros del Sur, ¿una victoria pírrica?
El pasado 5 de abril, en el Fondo de Cultura Económica, en Bogotá, la delegación del Gobierno en los fracasados diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) convocó el ‘Congreso por la paz’, una reunión con organizaciones de la sociedad civil para discutir sobre el conflicto armado.
Durante el encuentro se hizo visible una pancarta con solo cuatro palabras y dos signos de admiración: “¡Vuelvan a la mesa!”. Era un llamado al Ejecutivo y al Eln para retomar un proceso suspendido indefinidamente, luego de la crisis que la guerrilla desató en la región cocalera del Catatumbo.
El mismo día, el presidente Gustavo Petro dio un discurso en el que volvió a ligar al Eln al “traquetismo” y a asegurar que el grupo armado “piensa en la codicia”. Se pronunciaba en Nariño, en la firma de dos acuerdos clave con la principal disidencia de la guerrilla: los Comuneros del Sur.
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Una paz soñada para Nariño
El pasado 5 de abril, la estructura armada Comuneros del Sur —conformada por no más de 200 integrantes y surgida en 1992— comenzó un proceso de dejación de armas, en el marco de un inédito esfuerzo de paz territorial.
La iniciativa fue impulsada desde 2023 por el entonces candidato y actual gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y posteriormente respaldada por el gobierno.
La disposición del Ejecutivo, liderado por Gustavo Petro y con Otty Patiño —exnegociador con el Eln— como alto comisionado para la Paz, marcó una ruptura definitiva en los diálogos con el Comando Central de esa guerrilla, que desconoce a los Comuneros del Sur, grupo que se escindió completamente en mayo de 2024.
Carlos Erazo, exmilitante del M-19 —al igual que Patiño y Petro— fue el delegado del gobierno en las conversaciones. El fin de semana, firmó dos acuerdos: uno enfocado en la reparación de víctimas y otro para la sustitución de cultivos ilícitos, que se suman a un protocolo ya establecido para la destrucción de armas y explosivos.
El fin de las armas avanza
Los Comuneros del Sur entregaron unas 585 unidades de material de guerra que el Ejército Nacional destruyó gracias al Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (Marte). Desde el 27 de marzo, el grupo y el Gobierno cuentan con tres meses para identificar todas las armas, ubicarlas y pulverizarlas.
También conformaron ‘Buscadores de Comuneros’, un puñado de miembros que recibieron capacitación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) para contribuir a la documentación y el hallazgo de víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado.
Uno de los acuerdos habla de reforzar iniciativas de reparación, preservación de testimonios y participación de víctimas, además de una articulación con el Sistema Integral para la Paz, que requiere una mayor reglamentación por tratarse de instituciones que tratan de repasar el conflicto hasta 2016.
Los desafíos persisten
Detrás del evento de unos 1.500 asistentes que impulsó la ruta pacífica de los Comuneros había una sombra, la de las llamadas Autodefensas Unidas de Nariño (Aun), un grupo del cual en el territorio se habla como si fuese parte de la estructura para hacer el “trabajo sucio” sin dañar la negociación estatal.
El comisionado Patiño descarta la posibilidad y los Comuneros se desmarcan de los señalamientos, pero en un territorio que ha sufrido en los últimos 35 años más de 4.000 desapariciones y 44.500 muertes por la violencia no se puede desaparecer de golpe el temor.
La negociación con Comuneros del Sur fue netamente política, no de sometimiento a la justicia. Las autoridades —incluyendo la Fiscalía, que mantiene suspendidas 11 órdenes de captura del grupo— deben definir situaciones jurídicas y de reemplazo para el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
¿Y el resto del país?
La historia colombiana demuestra que los territorios despejados por excombatientes suelen convertirse en escenarios de disputa entre otros actores armados. Un ejemplo es el Catatumbo, donde el Ejército ha tenido que evacuar a firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, convertidos en objetivo del Eln y de las disidencias de las Farc .
Ahora, el gobierno debe garantizar que la salida de los Comuneros del Sur no se traduzca en un nuevo foco de violencia, ni contra la comunidad —que respaldará un proceso de desminado humanitario liderado por el grupo armado— ni contra los exsubversivos. Además, debe asegurar condiciones de seguridad más allá del departamento de Nariño.
Actualmente, el proceso de paz con el Eln, que tuvo avances en 2023 con un cese al fuego bilateral, se encuentra estancado. Con el Clan del Golfo, aún no se ha superado la fase exploratoria. Las disidencias de las Farc permanecen fragmentadas. En este panorama, los Comuneros del Sur representan, por ahora, el único logro tangible de la política de ‘Paz Total’.
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