El Decreto 315 de 2024 establece al IPES como la entidad encargada de la administración y gestión de la actividad de venta informal, en concordancia con la Ley 1988 de 2019, que reconoce esta actividad como una forma legítima de trabajo. El protocolo tiene como objetivo principal equilibrar los derechos de los vendedores informales con el uso adecuado y responsable del espacio público.
Frente a la información difundida en redes sociales y algunos medios de comunicación, el IPES desmintió categóricamente que se contemple el retiro de los vendedores informales del espacio público. Al contrario, el enfoque del protocolo es generar un orden que beneficie tanto a los vendedores como a los ciudadanos, sin que exista ninguna directriz para realizar desalojos.
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¿De cuánto será el cobro?
El protocolo promueve una retribución económica justa por el uso del espacio público, bajo un enfoque diferencial que considera las condiciones socioeconómicas de los vendedores informales. Las tarifas variarán dependiendo de si el vendedor utiliza mobiliario propio o las alternativas ofrecidas por el IPES. Además, se contemplan reducciones o exenciones para personas en condiciones de vulnerabilidad.
En cuanto a los permisos para el aprovechamiento del espacio público, estos se otorgarán por períodos de 1 a 2 años y podrán renovarse hasta un máximo de cinco años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el protocolo.
Wilfredo Grajales Rosas, director del IPES, reiteró: “La posición del Instituto es, como siempre, abierta al diálogo, buscando lo mejor para nuestros beneficiarios. No vemos con buenos ojos que se utilicen a los vendedores informales para campañas políticas, ni para buscar intereses particulares en el espacio público”.
El IPES subrayó que su gestión se basa en la Constitución Política de Colombia, que prioriza el derecho al trabajo y el interés colectivo en el uso del espacio público. Asimismo, la entidad se alinea con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que protege a los vendedores informales como un grupo vulnerable y garantiza su mínimo vital.
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