El presidente, Gustavo Petro, respondió este viernes a las versiones que señalaban que firmó un decreto para suspender las operaciones militares contra las disidencias de las FARC en medio de recientes hechos de violencia y aseguró que la orden para la fuerza pública es atacar cualquier acción contra la población civil.
En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario distinguió entre “los frentes que quieren dialogar y los frentes que sabotean la paz” dentro de las llamadas disidencias, y aseguró que estos últimos han sido golpeados militarmente, especialmente en zonas como la Amazonía y el Cauca.
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Ataques a las disidencias
Según Petro, los frentes saboteadores han sufrido “serias derrotas” y en regiones como la Amazonía están siendo desmantelados. Aseguró que alias “Iván Mordisco” se encuentra huyendo y que en el Cauca, estos grupos perdieron su principal enclave económico: el cañón del Micay.
Ante esta situación, el jefe de Estado afirmó que estos grupos “pasan al terrorismo”, refiriéndose a recientes atentados con explosivos como el ocurrido en el municipio de La Plata, Huila, que dejó víctimas civiles.
También destacó la ofensiva contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, explicó, se extiende tanto en Colombia como en Venezuela. En ese contexto, agradeció a las autoridades del vecino país por su colaboración en las acciones contra ese grupo armado.
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Petro les puso un plazo
Petro señaló que los frentes de disidencias que han manifestado su voluntad de diálogo tienen como plazo hasta el próximo 18 de mayo para acordar zonas de concentración y territorios de paz. Indicó que dichos acuerdos deben incluir “conpes pactados con la población civil” enfocados en el desarrollo humano.
El mandatario explicó que en Nariño también hay avances con estructuras como “Comandos de la frontera”, “Comuneros del sur”, provenientes del ELN, y la llamada “coordinadora guerrillera”, que ya habrían establecido zonas de concentración.
A esto sumó que se vienen construyendo procesos similares con bandas armadas urbanas en regiones como Medellín, Quibdó, la Sierra Nevada de Santa Marta y Buenaventura.
En relación con la política de extradición, el presidente indicó que esta dependerá del avance en los procesos de paz. Aseguró que pidió a la Fiscalía General de la Nación crear grupos de trabajo especiales para examinar la situación jurídica de quienes participen de estos diálogos.
Reiteró que la base de los nuevos procesos es la protección de la población civil y el desmantelamiento de las economías ilícitas.
Finalmente, Petro subrayó que la fuerza pública tiene la instrucción de actuar contra cualquier acción violenta que provenga de estos grupos armados, descartando así que exista una orden general de suspensión de operaciones militares.
Redacción Colprensa
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