El panorama laboral en Colombia enfrenta una coyuntura jurídica tras el auto emitido por el Consejo de Estado. La providencia decreta la suspensión provisional del acto administrativo que determinó el alza salarial; sin embargo, el Presidente de la República, Gustavo Petro explicó que esta decisión abre un proceso de transición y no representa la caída definitiva de la remuneración fijada.
Obligatoriedad en el pago de la quincena
El primer mandatario fue enfático al señalar que, mientras se surte el trámite de un nuevo decreto transitorio solicitado por el tribunal, el salario mínimo actual sigue vigente. En ese sentido, la instrucción para el sector empresarial es que la liquidación de la nómina correspondiente a esta quincena debe realizarse con el ajuste decretado del 23.7 %.
“Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado”, manifestó el jefe de Estado, argumentando que el criterio constitucional de “salario vital y móvil”, contemplado en el artículo 53 de la Constitución Nacional, debe prevalecer en la protección de los ingresos de los trabajadores.

Convocatoria a la Comisión de Concertación
Como respuesta a la orden judicial, el Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, citó de manera formal a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para este lunes 16 de febrero a las 10:00 a. m.
El objetivo del encuentro, en el que participan gremios, centrales obreras y el Gobierno, será discutir la estructura del decreto transitorio. Este nuevo documento deberá cumplir con las exigencias del Consejo de Estado sin desproteger el poder adquisitivo de los ciudadanos. El Ministerio de Trabajo también anunció que reforzará sus labores de inspección y vigilancia para garantizar que no se presenten retrocesos en los pagos ya establecidos.
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Defensa jurídica del decreto
El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que interpondrá los recursos legales pertinentes para solicitar una aclaración sobre el auto del magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, ponente de la decisión adoptada en el Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el aumento del salario mínimo decretado por el Ejecutivo. Desde la Casa de Nariño insisten en que el alza fue concebida para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y que la determinación judicial desconoce el impacto social de la medida. El Gobierno sostiene que acudirá a todas las herramientas legales necesarias para que se integren los criterios fijados por la Corte Constitucional, que priorizan el bienestar y la dignidad del trabajador.
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