La Defensoría del Pueblo rechazó el atentando en el que falleció el hijo de 11 años del director de la cárcel de Neiva este martes tras recibir un impacto de bala en la cabeza durante un atentado sicarial perpetrado en la vía a Rivera contra el vehículo particular en el que se movilizaba junto a su padre y al subdirector del penal, quien resultó gravemente herido en el tórax y el abdomen.
El ataque armado se registró hacia las 6:53 de la mañana en el sector conocido como Los Olivos, sobre la Ruta 45, momento en el que sujetos en motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon en al menos seis ocasiones contra la cúpula directiva del establecimiento carcelario.
“Este hecho no puede ser entendido como un caso aislado. Se suma a una cadena de violencias que incluye, entre otros, el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y los múltiples atentados registrados contra funcionarios del INPEC en 2025, que cobraron la vida de dragoneantes y servidores administrativos en Bogotá, Cali, Tulúa, Armenia y Cartagena”, expresó la Defensoría.
Por eso, la Defensoría pidió fortalecer las condiciones de seguridad y protección del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC y de todo el personal penitenciario.
Este hecho ocurrió apenas una semana después de que la nueva administración asumiera el control de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva el pasado 6 de enero.
Rechazo a los atentados contra el INPEC
La Defensoría del Pueblo llama al Estado a atender la cadena de violencias en el sistema carcelario tras el atentado contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en la ciudad de Neiva.
Este hecho no puede ser entendido como un caso aislado. Se suma a una cadena de violencias que incluye, entre otros, el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y los múltiples atentados registrados contra funcionarios del INPEC en 2025, que cobraron la vida de dragoneantes y servidores administrativos en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena.
La persistencia de estos hechos evidencia fallas graves en las estrategias de prevención y protección.
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Reiteramos, una vez más, la urgente necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad y protección del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC y de todo el personal penitenciario. Quienes cumplen esta labor esencial para el Estado y la sociedad lo hacen en contextos de alto riesgo, expuestos a amenazas y agresiones, sin que existan aún respuestas estructurales suficientes que garanticen su vida e integridad, así como la de sus familias.
Desde octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Justicia y del Derecho evaluar integralmente las condiciones laborales y de seguridad del personal penitenciario, fortalecer la coordinación interinstitucional en los traslados, revisar perfiles de riesgo, diseñar una ruta integral de protección a la vida, y brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias de funcionarios heridos.
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