La vocera de la organización Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), Carmenza Gómez, rechazó la propuesta de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia de nombrar al expresidente Álvaro Uribe como su ministro de Defensa, al considerar la iniciativa como una falta de respeto contra los familiares, un pronunciamiento que se produjo tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de elevar a 7.837 la cifra oficial de crímenes cometidos por agentes del Estado, entre 1990 y 2016.
Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez, asesinado en Soacha en 2008, respondió a los cuestionamientos políticos sobre la veracidad de los datos entregados por el tribunal transicional.
“Acá nos damos cuenta de que no es como decía (Miguel) Polo Polo, como decían otras personas o como dice la señora Paloma, de que esa cifra no era viable, pues la JEP nombró que son más de 7.834 personas y esto es una realidad que hay en nuestro país”, señaló la lideresa, en una declaración oficial de la organización.
Sobre el eventual regreso de Uribe a la dirección de las Fuerzas Militares, Gómez afirmó que las víctimas rechazan esa posibilidad debido a la responsabilidad de mando que ejercía el exmandatario.
“No es justo porque él estaba en ese momento cuando pasó lo que pasó con los falsos positivos y no hay derecho de que él siga queriendo mandar el país, a través de otra persona”, aseguró la vocera, quien agregó que a las madres les dolieron sus hijos cuando el Ejército los desapareció y los hizo pasar por guerrilleros.
La controversia se originó tras las declaraciones de Valencia, quien durante un evento público sugirió el regreso del exmandatario al Ejecutivo para liderar la cartera de seguridad. “Yo quiero al presidente Uribe defendiendo la seguridad democrática”, afirmó la senadora al proponer su nombre para el Ministerio de Defensa.
La iniciativa generó reparos dentro de su propia campaña, provocando el pronunciamiento de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, quien tomó distancia de la propuesta de integrar al expresidente en un eventual gabinete.
“Desde 2006 hasta hoy pasó una generación, sufrimos una pandemia, vivimos un estallido y, en 2022, un grito de cambio (…) Entender cómo llegamos hasta acá es clave para responder a la realidad del país hoy”, respondió Oviedo, tras indicar que ese no era el mensaje adecuado para la contienda.
Ampliación del universo de víctimas en la JEP
El rechazo de Mafapo coincidió con la actualización de las cifras del Caso 03 de la JEP, que pasó de 6.402 a 7.837 muertes documentadas. El presidente de la jurisdicción, Alejandro Ramelli, explicó que el incremento respondió a la modificación del rango temporal de la investigación, el cual dejó de limitarse al periodo 2002-2008 para abarcar los años comprendidos entre 1990 y 2016.
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Ramelli detalló que el equipo de investigadores integró registros de la Procuraduría, la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y cerca de mil reportes entregados por los familiares. “Igualmente se cruzaron más bases de datos que las cuatro que inicialmente se conocían”, precisó el magistrado.
Durante una audiencia en San José de Apartadó, el magistrado Pedro Elías Díaz Romero puntualizó que 1.932 de los casos documentados corresponden al departamento de Antioquia e indicó que la jurisdicción determinó la coordinación entre grupos paramilitares y unidades de la Decimoséptima Brigada y el Batallón Vélez del Ejército en la región de Urabá entre 2004 y 2005.
Llamados a la cúpula militar
El magistrado Óscar Parra Vera detalló que la Sala de Reconocimiento imputó a 21 generales de la República, de los cuales siete aceptaron su participación. Parra explicó que el tribunal avanza en la documentación del nivel nacional entre 2005 y 2008, y convocó a siete comandantes de división que dirigían tropas en esa época.
Respecto a las responsabilidades en el Ejecutivo, Ramelli planteó que los expresidentes Uribe y Juan Manuel Santos podrían comparecer ante el tribunal.
“Más allá de que sean llamados, podrían venir voluntariamente, igual como hicieron con la Comisión de la Verdad”, concluyó el presidente de la jurisdicción.
Tras la confirmación de la cifra, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a los datos y responsabilizó a la política de seguridad ejecutada durante la administración de Uribe.
“Se eleva a 7.837 la cifra de jóvenes asesinados por la fuerza pública dirigida por el expresidente Uribe y que eran presentados como guerrilleros dados de baja”, sentenció el mandatario.
Redacción Colprensa.
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