La empresa de moda Lili Pink se pronunció de tras la masiva intervención judicial ejecutada por la Fiscalía General de la Nación en más de 300 de sus tiendas en todo el país.

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El pronunciamiento de la compañía surge horas después de que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) iniciara un operativo simultáneo para aplicar medidas cautelares de extinción de dominio, en el marco de una investigación por presuntos delitos de contrabando de textiles y lavado de activos.

La marca, referente en el sector de la ropa interior en Colombia, aclaró su posición frente a las acusaciones que sugieren presuntas maniobras irregulares en el ingreso de mercancía al territorio nacional y el manejo de recursos de origen ilícito.

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Postura de Lili Pink ante la intervención judicial

A través del comunicad la firma textil intentó matizar la gravedad de los allanamientos y las capturas que se habrían hecho efectivas de manera extraoficial. En el documento, la organización define la situación actual no como un proceso penal crítico, sino como un trámite de carácter institucional que está siendo atendido por sus equipos internos.

Al respecto, la empresa manifestó lo siguiente:

“Como es de conocimiento público, la compañía actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por nuestro equipo. Como parte de este proceso, se han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades. Estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”.

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Esta respuesta busca dar un parte de tranquilidad a sus aliados, en momentos donde la incertidumbre reina.

Uno de los puntos que más resalta en la comunicación de la empresa es el llamado directo que hacen a los entes de control para que no se afecte la operación comercial ni el sustento de miles de familias que dependen de la marca.

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“A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo”.

Futuro de la marca tras la intervención de la Fiscalía

Por ahora, el proceso de extinción de dominio sigue su curso. Mientras la Fiscalía General de la Nación no entregue un balance final sobre las incautaciones y el estado de las personas capturadas, la marca se aferra a su trayectoria para mitigar el impacto reputacional.

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