El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se puso serio y le ordenó al Gobierno Nacional ponerse las pilas con la salud sexual y reproductiva de los colombianos. En un fallo contundente, el alto tribunal dejó claro que los Ministerios de Salud, Educación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tienen la obligación de promover el acceso equitativo a la píldora del día después y demás métodos anticonceptivos.
La decisión se da como respuesta a una acción popular presentada por el abogado Germán Humberto Rincón Perfetti, quien denunció que muchas mujeres en especial las que viven en zonas rurales o apartadas no tienen acceso a esta anticoncepción de emergencia ni información clara sobre sus derechos.
El tribunal no se quedó corto y fue tajante: el Estado vulneró los derechos colectivos a la salubridad pública y a los consumidores y usuarios, según lo establecido en la Ley 472 de 1998.
- Le puede interesar: Lanzaron página web para proponer preguntas en la consulta popular
¿Qué ordenó el Tribunal?
Los tres ministerios deberán poner en marcha campañas masivas que informen sobre los derechos sexuales y reproductivos, el uso de la píldora del día después y los métodos anticonceptivos. Estas campañas deberán estar dirigidas a toda la población, pero con énfasis en mujeres de comunidades indígenas, afrodescendientes, rurales y periféricas.
El Ministerio de Salud y el de Educación tendrán que desarrollar estrategias pedagógicas con información clara y actualizada sobre anticonceptivos. Por su parte, el Ministerio TIC deberá ayudar a difundir estos contenidos a través de medios digitales, redes sociales, radio, televisión y más.
Además, el fallo también les pone la lupa a los laboratorios farmacéuticos: deberán eliminar cualquier barrera que impida el acceso al medicamento, mejorar su distribución en todo el país y asegurar que esté disponible en centros de salud, hospitales y farmacias.
En cuanto a la educación sexual, el tribunal exigió reforzar estos programas en los colegios, incluyendo temas como métodos anticonceptivos, consentimiento y derechos reproductivos. Y todo esto con enfoque de género y diferencial, es decir, teniendo en cuenta las realidades de cada comunidad.
El magistrado Óscar Armando Dimaté Cárdenas, ponente del caso, señaló que el desconocimiento sobre estos métodos restringe la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, lo que agrava las desigualdades sociales.
- Lea también: Docentes confirman paro este 24 de abril
Incluso la Procuraduría General de la Nación intervino en el proceso y presentó un informe donde advirtió que muchos adolescentes y jóvenes, sobre todo en las zonas rurales, no tienen cómo acceder a estos derechos básicos. El fallo le pide a la Procuraduría liderar campañas que aseguren la promoción de estos derechos a nivel nacional.
Finalmente, el Tribunal declaró improcedente la excepción de falta de legitimación presentada por algunas entidades y exhortó a todos los ministerios implicados, como integrantes de la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, a diseñar y aplicar planes concretos que se conviertan en políticas públicas efectivas.
En resumen: el Gobierno y los laboratorios quedaron obligados a garantizar que ninguna mujer más se quede sin información ni acceso a los métodos anticonceptivos. Porque en un país donde tantas luchas se han dado por la igualdad y la dignidad, la salud sexual no puede ser un privilegio de unos pocos.
Redacción Colprensa
Elija a Q’HUBO Bogotá como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí
