Ocho empresarios fueron judicializados por su presunta participación en una red de tala ilegal en zonas protegidas de la Amazonía. Las autoridades los acusan de comercializar madera extraída de los parques nacionales naturales La Paya, Amacayacu y Río Puré, sin los permisos exigidos por la ley ambiental.
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Empresas forestales enviaban madera a ciudades colombianas y a Ecuador
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, los capturados tendrían centros de acopio y distribución en San Miguel (Putumayo) y Cumbal (Nariño). Desde allí coordinaban el envío del material hacia ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Pasto y Bucaramanga, así como a Ecuador.
La mercancía era movilizada por vía terrestre desde la ribera del río Putumayo o desde el Pacífico colombiano. “Dichos productos serían transportados a las principales vías de los departamentos de Putumayo y Nariño para posteriormente ser redirigidos a las principales ciudades del país y al vecino país de Ecuador”, explicó el fiscal del caso durante la audiencia.
Ganancias por más de 350 millones al mes
Los investigadores estiman que la organización obtenía ganancias ilícitas mensuales por encima de los 350 millones de pesos. En los operativos realizados en coordinación con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, fueron hallados más de 100 metros cúbicos de madera de especies protegidas, sin el salvoconducto ni los registros requeridos por las autoridades ambientales.
Las acciones investigativas contra la deforestación en la #Amazonía colombiana, lideradas por la #Fiscalía, pusieron al descubierto a ocho señalados propietarios de empresas forestales que estarían dedicadas al almacenamiento de la madera extraída ilegalmente de los Parques… pic.twitter.com/kWAA35OGW0
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 13, 2025
Uno de los señalados, Héctor Germán Tapias Realphe, reconoció que no cuenta con ningún permiso ambiental. “El señor Héctor Germán Tapia manifestó que no cuenta con salvoconductos de producto forestal y que nunca se ha registrado como empresa forestal de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía. A su vez, en este inmueble fueron hallados un total de 4.26 m³ aproximadamente en primer y segundo grado de transformación de madera de diferentes especies que no contaban con salvoconducto que ampare este material.”, declaró el fiscal.
Operación revela posible corrupción en autoridades ambientales
Además de los ocho empresarios judicializados, la Fiscalía informó que recientemente también fueron procesadas otras 11 personas, entre ellas seis funcionarios de Corporación
Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), entidad encargada de velar por la protección ambiental en Nariño. Esto sugiere una posible red de apoyo institucional que habría facilitado el transporte y comercialización de la madera ilegal.
El fiscal del caso indicó que, con base en la evidencia recogida, es posible “inferir de manera razonable que nos encontramos ante la comisión del delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales”, ya que los acusados mantenían y comercializaban productos de flora silvestre protegida, sin contar con autorización legal.
Por ahora, ninguno de los imputados aceptó los cargos. La investigación continúa.
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