La inspección internacional que debía realizarse este lunes en la cárcel El Buen Pastor para verificar si Colombia ofrece condiciones adecuadas para recluir a Zulma Guzmán Castro no se llevó a cabo.
El Ministerio de Justicia confirmó a Colprensa que la fecha fue propuesta por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), pero que la comisión internacional no oficializó su respuesta, por lo que la visita queda a la espera de que sean ellos quienes definan una nueva fecha.
La gestión había quedado registrada en una carta de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Justicia dirigida a la Cancillería. En el documento se informaba que la Fiscalía Especializada de la Unidad de Extradición del Reino Unido había trasladado una solicitud de la defensa de Guzmán para confirmar el establecimiento carcelario en el que sería recluida en Colombia.
El Inpec había autorizado la visita de Julia Kozma, exmiembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, y había propuesto como fecha este lunes, en plena semana santa.
Sin embargo, según explicó el Ministerio de Justicia, la comisión no confirmó oficialmente su participación. “Esa fecha la propuso el Inpec pero no se oficializó respuesta por parte de la comisión, ya depende de ellos”, señaló la cartera.
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El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, había explicado que la revisión no se limitaría a las condiciones físicas del pabellón de servidoras públicas, sino que también abarcaría la disponibilidad de servicios de atención en salud mental.
“El sistema judicial británico pide una revisión independiente para ver si las condiciones de reclusión son aptas para una persona que se ha acogido a la ley de salud mental”, había señalado el funcionario.
La demora en concretar la visita cobra relevancia dado que la extradición de Guzmán podría no prosperar si las autoridades británicas concluyen que el sistema penitenciario colombiano no garantiza las condiciones mínimas del debido proceso.
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“Si por alguna razón concluye que el sistema judicial y el sistema penitenciario colombiano no dan las condiciones de garantía del debido proceso, podría perfectamente no aprobar la extradición”, advirtió Cuervo. La decisión final, precisó el ministro, recae en el poder judicial británico, sin posibilidad de intervención del Estado colombiano.
Frente a cuestionamientos sobre la pertinencia del pabellón de servidoras públicas para una persona señalada de delitos graves, Cuervo indicó que la asignación de lugares de reclusión no depende del tipo de delito, sino de las condiciones personales de la detenida, en este caso relacionadas con su salud mental.
El caso
Guzmán Castro es requerida por la justicia colombiana por su presunta responsabilidad en la muerte de Inés de Bedout y Emilia Forero, dos menores de edad que fallecieron en abril de 2025 tras consumir frambuesas contaminadas con talio, un metal silencioso e inodoro cuyos niveles hallados en las víctimas superaron los 3.000 microgramos, según informó el doctor Camilo Uribe, toxicólogo consultado por el programa Los Informantes.
La investigación, además, podría extenderse: la Fiscalía General de la Nación encontró evidencia de que el año pasado la indiciada habría enviado chocolates contaminados a Elvira Restrepo, su propia cuñada, lo que llevó al ente acusador a analizar el expediente bajo la hipótesis de un posible comportamiento serial. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que los investigadores hallaron evidencia “técnica, científica y forense” sobre ese ataque.
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Guzmán fue detenida en Londres el 16 de diciembre de 2025, tras ser rescatada del río Támesis cerca del puente de Battersea. Desde entonces permanece bajo prisión preventiva en la cárcel HMP Bronzefield, luego de comparecer ante el Tribunal de Westminster.
A diferencia de los procesos de extradición con Estados Unidos, donde la decisión es del ejecutivo, en el Reino Unido la determinación final corresponde al poder judicial, lo que otorga a la defensa de Guzmán un margen más amplio para impugnar el traslado con argumentos de salud mental.
Redacción Colprensa.
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