Un video que circula en redes sociales ha generado una profunda conmoción en Colombia al mostrar a una menor indígena siendo brutalmente golpeada por dos hombres. Los responsables, al parecer, hacen parte de la Gito Dokabu, ubicada en el departamento de Risaralda.
En las imágenes, la niña aparece atada de las manos y colgando del techo, mientras una mujer le envuelve una sábana alrededor de las piernas.
Acto seguido, los hombres la azotan repetidamente con tallos herbáceos, a pesar de sus súplicas y llanto, hasta que pierde el conocimiento. Posteriormente, un tercer hombre la desata y la menor cae inconsciente al suelo, siendo arrastrada por la misma mujer a otra habitación, donde continúan sus gritos de dolor.
El rechazo de las organizaciones
La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia y la Comisión de la Mujer de Aico por la Pachamama emitieron un comunicado expresando su más profunda indignación por lo ocurrido. Exigieron garantías de justicia, protección a la víctima y respeto a los derechos humanos, incluso dentro de contextos culturales propios.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Sin embargo, la difusión del video ha generado un clamor nacional por la identificación y sanción de los responsables, así como por la protección de los derechos de los menores en comunidades indígenas.
Este lamentable hecho pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección a la infancia y garantizar que las prácticas culturales no vulneren los derechos fundamentales de los niños y niñas en Colombia.
Bienestar Familiar da acompañamiento a la menor
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), informó que inició un proceso de asistencia técnica y acompañamiento en el caso de la menor de edad de 17 años, víctima de violencia intrafamiliar.
La institución informó que una vez la Regional Risaralda del Bienestar Familiar tuvo conocimiento de los hechos, se dispuso de un servicio de intérprete para facilitar la comunicación con la niña, se iniciaron trabajos en conjunto con la Comisaría de Familia y se ofreció todo el apoyo necesario para facilitar el proceso de protección.
Además, se inició un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y se determinó su ubicación en una medida de protección para garantizar el cumplimiento de sus derechos, prevenir la repetición de situaciones graves que comprometan su integridad, salud física y mental.
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