El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) salió al paso de las informaciones sobre la situación del segundo adolescente vinculado al reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, enfatizó que el menor no se encuentra judicializado ni bajo privación de la libertad, y aclaró que el proceso con él se enmarca en un programa de restablecimiento de derechos.
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Contradicciones en las versiones sobre el adolescente
La situación del joven de 17 años ha generado un cruce de versiones entre la Procuraduría General de la Nación y el ICBF. Mientras el Ministerio Público expresó su preocupación por la aparente falta de protección estatal sobre el menor y rechazó una supuesta fuga, la entidad de bienestar familiar sostiene una postura diferente, afirmando que el adolescente está en un proceso de restablecimiento de derechos.
El joven se entregó a las autoridades el pasado 25 de julio y se consideraba una pieza clave en la investigación, dado que había manifestado su intención de colaborar con la justicia. Se presume que el adolescente habría participado en una reunión previa al ataque contra el senador de oposición.
La Procuraduría, por su parte, ha iniciado indagaciones para determinar “las condiciones de protección en las que se encontraba el adolescente” y refutó la versión de una supuesta evasión.
El ICBF insiste en el restablecimiento de derechos
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, fue enfática al precisar que el menor no estaba judicializado y, por lo tanto, no hubo tal fuga. Cáceres subrayó que el adolescente rindió declaración, pero no se encuentra preso ni tiene una acusación formal en su contra. Además, la directora reveló que el menor es migrante no acompañado, lo que justifica el proceso de restablecimiento de derechos que adelanta el Estado para intentar ubicar a su familia.
“Agradecemos a Procuraduría, pero precisar que adolescente que rindió una declaración, no tiene acusación ni privación de libertad, tiene restablecimiento de derechos por ser migrante no acompañado, solo eso, mientras se ubica familia, no hay evasión porque no hay privación de libertad“, afirmó la directora Astrid Cáceres, buscando disipar las dudas sobre el estatus legal y de protección del joven.
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