En una insólita decisión, la Fiscalía revirtió la imputación que había anunciado en contra de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por no haber atendido los llamados de protección que hizo en su momento el asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe y que facilitaron el atentado que acabó con su vida.
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Retiran solicitud de imputación contra Augusto Rodríguez por presunto prevaricato
La solicitud de imputación había sido solicitada por una fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión. Sin embargo, esa funcionaria no tendría esa competencia porque ese caso lo lleva un grupo de tareas especiales en el que se fijó quiénes son los investigadores competentes para este caso.
Lo que se conoce es que la fiscal habría actuado con base en una denuncia que radicó el abogado de víctimas, Víctor Mosquera, en la que denunciaba esas supuestas omisiones, en las que el senador y sus allegados le solicitaron a la Unidad de Protección que reforzara el esquema de seguridad asignado al dirigente de la oposición. Pero eso nunca sucedió y el día del atentado solo había tres escoltas en el lugar. Sin embargo, no se sabe por qué tomó esa decisión sin tener en cuenta el grupo especial que lleva el caso, o por qué la Fiscalía no le prestó atención a esa denuncia desde el mismo grupo especial.
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“Luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y remitió esa indagación a dicho equipo de investigadores”, informó la Fiscalía.
En ese sentido, la Fiscalía explicó que la medida busca evitar futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado.
En los próximos días se realizará una mesa técnica entre el Grupo de Tareas Especiales y la fiscal 295 de Administración Pública para fortalecer la línea investigativa por la posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato Uribe Turbay, así como para valorar los elementos materiales probatorios obtenidos hasta el momento.
Ocho personas enfrentan a la justicia por ataque al precandidato presidencial
El atentado ocurrió el pasado sábado 7 de junio de 2025, cerca de las 6:15 p.m., mientras Uribe Turbay participaba en un encuentro público con simpatizantes y líderes comunitarios en el parque El Golfito. Hasta allí llegó un joven de 14 años, quien se mezcló entre la multitud y, sin dudarlo, le disparó en seis ocasiones al también senador. Una bala impactó en el parietal izquierdo y otra en el muslo, dejándolo gravemente herido.
El menor ya fue condenado, mientras que a la fecha al menos ocho personas responden ante la justicia por el crimen del precandidato presidencial.
Entre ellos, Katerine Martínez, alias Gabriela, quien llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, en el que a cambio de declararse culpable obtendría una rebaja de pena.
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Alias Gabriela, es señalada de haber entregado el arma homicida al sicario de 15 años que ejecutó el crimen. Fue capturada menos de 10 días después de cometido el hecho y la Fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad en la comisión de delitos.
También están Elder José Arteaga, considerado la pieza clave para conectar a los detenidos con los autores intelectuales; William González Cruz, alias “El Viejo” o “El Hermano”; Carlos Eduardo Mora, conductor del Spark en el que fue trasladada el arma; y Christian González Ardila, señalado de conducir la moto que tenía que sacar al sicario del lugar, entre otros.
Redacción Colprensa.
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