Además de solicitar la reactivación de la orden de captura contra alias ‘Calarcá’, la Fiscalía General de la Nación pidió al presidente, Gustavo Petro, retirar los beneficios de voceros de paz a varios integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc, señalados de homicidios, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores en el Catatumbo.
Según los apartes conocidos de la misiva, el ente acusador solicitó la revocatoria de los beneficios para Carlos Eduardo García Téllez, alias ‘Andrey Avendaño’; Jonathan Jair Narváez Quintero; Farby Edison Parra Parra, alias ‘Richard’; y Javier Alonso Velosa García, alias ‘Jhon Mechas’, así como la reactivación de las órdenes de captura en su contra.
La petición se fundamenta en investigaciones judiciales que, de acuerdo con la Fiscalía, evidencian la continuidad de actividades criminales pese a su participación en el proceso de ‘paz total’.
En particular, el documento señala que tres de estos hombres fueron imputados el pasado 3 de marzo de 2026 por delitos graves como concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores.
En ese proceso, adelantado ante un juzgado de control de garantías en Cúcuta, se les atribuyen hechos que dejan al menos 49 víctimas de homicidio, 87 de desplazamiento forzado y el reclutamiento de 31 menores de edad, además de conductas relacionadas con el tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
La Fiscalía advierte que estas acciones no son compatibles con su calidad de voceros en los diálogos de paz.
“No merecen mantener el privilegio de la suspensión de las órdenes de captura”, señala el documento, al referirse a la persistencia de actividades armadas, incluyendo disputas territoriales con el ELN en zonas del Catatumbo como Tibú y El Tarra.
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El ente acusador también expone que el Frente 33 ha continuado fortaleciendo su capacidad militar, incluso mediante el uso de drones y otras estrategias para ampliar su control territorial, en medio de confrontaciones que han afectado directamente a la población civil.
Redacción Colprensa.
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