Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, enfrenta una denuncia disciplinaria por presunto prevaricato por omisión. La acusación surge por su falta de atención y conocimiento de 41 denuncias de abuso sexual, presentadas entre 2021 y 2023 por mujeres deportistas de diversas ligas de entrenamiento y competencia en Bogotá.
Blanca Inés Durán, representante de la fundación ‘Vamos Colectivo’, instauró la denuncia disciplinaria contra Luz Adriana Camargo Garzón por el delito de prevaricato por omisión, ya que desde hace cuatro años no se registran avances en muchas de las 41 denuncias presentadas por Durán cuando era directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
En el comunicado compartido por Durán se dio a conocer que entre 2021 y 2023 se presentaron denuncias por abuso sexual a mujeres deportistas que formaban parte de múltiples ligas de entrenamiento y competencia en Bogotá, en las que compañeros, profesores o entrenadores serían los responsables de las agresiones.
Cuenta Durán que cuando se desempeñó como directora del IDRD creó el “protocolo de prevención de violencias de género” afirmando que “este mecanismo permitió romper el silencio de decenas de víctimas, quienes se veían sometidas al poder e intimidación de sus entrenadores o al acoso constante de sus compañeros en las ligas deportivas. Escuchamos sus denuncias, confidencialmente, y acompañamos a las víctimas para instaurar las respectivas denuncias ante las autoridades”.
Después de que la institución hizo el acompañamiento y se dieron a conocer las denuncias en la Fiscalía General de la Nación, para 2023 no se habían presentado acusaciones formales contra los presuntos abusadores. Es por ello que Blanca tuvo que instaurar un derecho de petición para conocer el estado de los casos; sin embargo, no obtuvo respuesta.
Durán no se iba a quedar con los brazos cruzados, así que en 2024 volvió a enviar otro derecho de petición, pero según sus palabras fue ignorada por la fiscalía.
Para 2025 decidió seguir la lucha de esas 41 jóvenes que presuntamente fueron víctimas de abuso e instauró “una acción de tutela, abogando por los derechos fundamentales de las víctimas”, de la cual por fin obtuvo respuesta, pero no la deseada, pues un profesional del grupo jurídico le indicó que no le podía dar información puntual porque no era víctima o apoderada jurídica de ninguna de ellas.
Asimismo, supo de un dato desalentador y preocupante: de los 41 casos reportados, el ente investigador respondió que solo tenían noticia de 27, de los cuales apenas 8 siguen activos, y ninguno tiene condenados. “El resto fueron archivados o encontrados no conducentes”, añadió.
La otra cara de la moneda ante la posible negligencia de la fiscal
Dentro de las denuncias interpuestas, está el caso de una menor de edad que, con tan solo 14 años, fue presuntamente abusada por su entrenador en 2021, pero fue hasta 2023, cuando ocurrió el segundo acceso carnal violento, que esta pequeña pudo contar lo que había sucedido.
Según lo relatado por la madre de la joven, el segundo abuso sucedió en las bodegas del Velódromo y la Policía la llamó ese día para contarle este lamentable hecho. Después de su llegada, la joven fue trasladada al hospital San José, donde se activó el Código Blanco (para casos de abuso sexual) mientras el entrenador era capturado y llevado a la URI de Engativá.
Pero el entrenador no duró mucho allí: su abogado alegó que no había sido capturado en flagrancia y lo liberaron, mientras la joven y su mamá recibían el dictamen de Medicina Legal en el que se determinaba que efectivamente había acceso carnal violento.
Después de ello, el proceso se alargó más de lo que se debía y no ha habido justicia para esta joven: “Pusimos abogado, acudimos a la Defensoría del Pueblo, pero a pesar de eso la Fiscalía nunca le prestó atención a mi denuncia; tuvimos la primera audiencia, y luego de eso fue aplazamiento tras aplazamiento, y ni siquiera pude hablar con la fiscal que llevaba el caso. Y no eran tiempos cortos: eso iba de marzo a agosto, luego aplazaban de agosto a diciembre, luego a febrero, y así… a la fecha, ya van dos años que no ha avanzado el proceso ni he recibido respuesta alguna, y todo sigue en la impunidad”, relata con amargura la madre.
La vida de la joven después de todo lo que vivió no ha sido igual; en vez de recibir apoyo de sus compañeros, es revictimizada: “Ella escucha los comentarios tendenciosos y me dice: ¿Esto me va a perseguir para siempre? ¿No voy a poder pasar la página?”, puntualizó la mamá.
Esta es solo una historia de las 41 que fueron denunciadas por Durán y de las cuales más de la mitad ya no serán escuchadas ni tendrán justicia por haber sido cerradas.
Con la denuncia a la fiscal, Durán busca demostrar el abandono estatal que se está teniendo hacia estas víctimas y que se le imponga una sanción ejemplar a la cabeza de la Fiscalía General de la Nación: “Estos casos no son aislados: hay un machismo institucional que invisibiliza los casos de abuso y acoso contra las deportistas; simplemente no les parece algo relevante y esto tiene que parar”.
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