En una rápida reacción de las autoridades, fueron capturados dos hombres que minutos antes habían amenazado con arma blanca a dos menores de edad para robarles sus celulares de alta gama en el barrio Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe.
Los hechos ocurrieron en plena vía pública, donde las víctimas fueron interceptadas por los sujetos. Gracias a la rápida intervención de la comunidad, que presenció el acto delictivo, se dio aviso inmediato a la Policía y se intentó retener a los agresores.
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Los capturados fueron golpeados por los habitantes de Diana Turbay
La situación generó tal indignación que alrededor de 100 personas se aglomeraron en el lugar con la intención de hacer justicia por mano propia.
Ante el llamado de auxilio, las patrullas del cuadrante llegaron al sitio, tomaron el testimonio de las víctimas y testigos, e identificaron un inmueble en el que presuntamente se escondían los delincuentes. Con autorización, los uniformados ingresaron al apartamento y encontraron a los hombres junto con los celulares hurtados. Pero eso no fue todo.
Durante el procedimiento, los policías hallaron un chaleco balístico con insignias de la Policía, un carné falso, tres chaquetas similares a las usadas por la SIJIN y un arma de fuego tipo revólver con tres cartuchos. Al ser interrogados, los capturados admitieron no pertenecer a ninguna institución de seguridad, lo cual agravó su situación judicial.

Por estos hechos, ambos fueron detenidos y se les leyeron sus derechos por los delitos de hurto y utilización ilegal de uniformes e insignias oficiales.
Debido a la tensión en el lugar y para proteger la integridad de los implicados, se solicitó el acompañamiento de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Uno de los capturados fue llevado a un centro asistencial debido a lesiones menores, y el otro trasladado a la URI correspondiente.
Los celulares robados fueron devueltos a las menores afectadas, y todos los elementos incautados quedaron como material probatorio en el proceso judicial. Los capturados ya están en manos de la Fiscalía General de la Nación, que los presentará ante un juez de control de garantías para definir su situación penal.
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