El caso de Diana Ospina, la mujer que fue víctima de paseo millonario cuando regresaba a su casa tras celebrar un cumpleaños en una discoteca de Chapinero, encendió las alarmas en la capital y puso en jaque a los ‘amarillos’. A medida que avanza el proceso penal, han salido a la luz antecedentes y coincidencias que hoy son materia de verificación por parte de la Fiscalía.
La joven diseñadora de moda fue interceptada en la madrugada del domingo 22 de febrero. Permaneció retenida por varias horas mientras le vaciaban sus cuentas bancarias y finalmente fue abandonada en la vía hacia Choachí, donde apareció la noche del lunes 23 de febrero. Desde entonces ha entregado información detallada que está siendo contrastada con la declaración del conductor del taxi que la movilizó.
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El conductor acudió al Gaula acompañado de su abogado y aseguró que actuó bajo la amenaza de dos hombres que lo obligaron a continuar el recorrido. Negó cualquier vínculo previo con ellos. Sin embargo, se estableció que se trata de J. Gómez Cardozo, de 20 años, quien ya había sido condenado por hurto calificado.
Ese antecedente se remonta al 14 de junio de 2024. En ese entonces aceptó cargos tras un hecho en el que pasajeros fueron intimidados con armas cortopunzantes dentro de un taxi y despojados de sus pertenencias. La pena impuesta fue de un año y ocho meses de prisión.
En su testimonio, Ospina indicó que desde el inicio del trayecto percibió comportamientos inusuales. Señaló que el conductor habría sostenido comunicaciones que parecían en clave. Minutos después, otro taxi interceptó el recorrido y de ese vehículo descendieron dos hombres que abordaron el automotor en el que ella se movilizaba.
Ambos taxis figuran a nombre del mismo propietario, quien manifestó que los arrienda a terceros y negó cualquier participación. Las autoridades indagan si existe articulación entre los conductores y los demás implicados.
Según el relato de la víctima, fue intimidada con lo que sería un arma de fuego y obligada a mantener la cabeza agachada. Inicialmente la trasladaron a un sector de Ciudad Montes (Puente Aranda), donde realizaron retiros que ascenderían a cerca de 40 millones de pesos. Posteriormente, al parecer, fue entregada a otra estructura criminal.
La Fiscalía avanza en la individualización de los demás responsables y en la identificación de un inmueble en Bogotá que estaría siendo utilizado para retener y despojar a víctimas bajo esta modalidad.
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Voz de un experto en seguridad
Q’HUBO habló con Andrés Nieto, quien es director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, exsubsecretario y secretario de Seguridad de Bogotá, y exdirector en Cundinamarca en temas de seguridad. Con una década de trabajo articulado con Policía, Ejército y Fiscalía, analizó el repunte del llamado ‘paseo millonario’.
“El paseo millonario no existe jurídicamente como delito; lo que más se aproxima es el secuestro extorsivo”, explicó. Según cifras oficiales con noticia criminal, en 2024 se denunciaron 47 casos en Bogotá y cuatro más están en clasificación. “De esos, al menos 17 coinciden con las características de esta modalidad. Es el pico más alto en nueve años; el promedio histórico era de 13 casos, sin contar pandemia”.
Recordó que la ciudad logró una contención tras operativos iniciados desde 2017, cuando se desarticularon bandas como “las Jugosas”, “los Ferraris” y “las 53”, que marcaban víctimas en zonas de rumba. “No se eliminó el fenómeno, pero sí se redujo de manera importante”.
Para Nieto, hoy operan estructuras más organizadas: “No son delincuentes improvisados. Hacen seguimiento previo, perfilan a la víctima y conocen sus dinámicas”. Cuestionó la falta de continuidad institucional y propuso reactivar la red de apoyo de taxistas, fortalecer el registro de conductores y retomar controles en zonas críticas.
También pidió medidas preventivas ciudadanas: solicitar servicios por aplicación, compartir trayectos en tiempo real y activar botones de emergencia. “Y hay que desmontar el mito de las 72 horas. La búsqueda debe activarse de inmediato”, concluyó.
Pronunciamiento del gremio taxista sobre el caso de Dina Ospina
La Asociación de Propietarios de Taxis de Bogotá rechazó el secuestro y robo de Diana Ospina y cuestionó la estigmatización del gremio. Aseguró que los responsables no son taxistas sino delincuentes infiltrados y que se trata de un problema general de seguridad en la ciudad. Señaló que en Bogotá operan cerca de 50.000 taxis que realizan alrededor de un millón de servicios diarios y que estos casos son mínimos frente al total. También pidió mayor control estatal, profesionalización del oficio, responsabilidad de afiliadoras y acciones contra el transporte ilegal y plataformas que operan sin suficiente supervisión.
¿Qué ha hecho Galán?
En 2024, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán impulsó que el “paseo millonario” dejara de procesarse como hurto y pasara a tipificarse como secuestro extorsivo, en articulación con la Policía y la Fiscalía. La medida permitió que estos casos se incluyeran en las cifras de secuestro extorsivo y no como hurto, como ocurría antes.
El cambio posibilita penas de hasta 40 años de prisión, en lugar de condenas entre 9 y 14 años. En 2025 fueron capturadas 27 personas por este delito, tras operativos del Gaula en varias localidades de Bogotá y en Soacha.
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