El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que establece el segundo día cívico de su gobierno. El documento, de apenas dos páginas, refuerza la justificación del mandatario para convocar movilizaciones el 18 de marzo, fecha en la que la Comisión Séptima del Senado debatirá una ponencia que busca hundir la reforma laboral del Ejecutivo. Esta ponencia ya cuenta con la firma de 8 de los 14 congresistas que integran la comisión.
Petro aseguró que considera “procedente” declarar este día cívico para “generar un espacio democrático” en el que la ciudadanía pueda expresarse “de manera pacífica, libre y voluntaria en las calles”. Según el decreto, las entidades gubernamentales, como ministerios y superintendencias, “impartirán y adoptarán las instrucciones pertinentes” para suspender sus actividades. Sin embargo, esto no aplica para alcaldías y gobernaciones, que mantendrán su autonomía.
¿Dónde serán las marchas?
En Bogotá, habrá tres puntos de concentración desde las 8:00 a. m., desde donde los manifestantes marcharán hasta la Plaza de Bolívar, cerca del Congreso, donde se debatirá la reforma laboral:
- Hospital San Juan de Dios.
- Planetario de Bogotá (convocado por comunidades indígenas Nasa).
- Universidad Pedagógica Nacional (convocado por sectores estudiantiles).
A las 9:00 a. m., otros tres puntos de concentración se sumarán a la movilización con destino a la Plaza de Bolívar: - Parque Nacional
- Calle 45 con Carrera Séptima (convocado por el partido Pacto Histórico).
- Estación de TransMilenio Calle 45.
¿Qué pasará con los colegios públicos?
El sindicato de maestros, Fecode, fue uno de los primeros en respaldar la movilización, incluso antes de que Petro anunciara el día cívico. Por otro lado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió que habría sanciones para los docentes que no asistieran a clases, postura que fue rechazada por el presidente.
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En una rueda de prensa, Fecode aseguró que los profesores asistirán a clases y, a la vez, participarán en las manifestaciones. La disputa sobre posibles sanciones deberá resolverse caso por caso, si se presentan quejas, ya que las instituciones educativas tienen sus propios procesos disciplinarios. Además, los docentes, como servidores públicos, están sujetos a la vigilancia de la Procuraduría, las secretarías de Educación, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo.
“Mañana martes 18 de marzo los 412 colegios oficiales de @Bogota garantizarán el derecho a la educación.⁰
— Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) March 17, 2025
Nuestra prioridad es proteger el derecho fundamental a la educación de más de 700.000 niñas, niños y jóvenes??, lo que significa prestar el servicio de manera continua sin… pic.twitter.com/IcKsD0N7vE
Si bien un alcalde podría anunciar medidas disciplinarias contra quienes marchen, su aplicación dependerá de un proceso administrativo que podría ser prolongado. Por ahora, en Bogotá, los colegios públicos permanecerán abiertos y la Alcaldía garantizará los servicios de alimentación escolar (PAE) y transporte, independientemente de la asistencia de los docentes. Adicionalmente, el decreto permite que las entidades territoriales certificadas, junto con el Ministerio de Educación Nacional, adopten medidas para modificar los calendarios académicos si la participación en el día cívico afecta el normal desarrollo de las actividades escolares.
¿Y las empresas privadas?
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, enfatizó que ninguna empresa puede imponer sanciones a quienes decidan movilizarse. En caso de represalias, las inspecciones de trabajo podrán intervenir y el Ministerio podría iniciar una investigación.
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“Ningún trabajador del sector público o privado, incluyendo los periodistas, puede ser objeto de represalias por participar en la jornada de movilización”, subrayó Sanguino.
No obstante, por ley, el día cívico no es obligatorio para las empresas privadas. Ejemplos similares se han visto en otras ocasiones, como el 9 de abril del año pasado o en 2003, cuando el expresidente Álvaro Uribe decretó un día cívico en respaldo a su referendo. Si bien el derecho a manifestarse es fundamental, lo recomendable es que empleadores y trabajadores lleguen a acuerdos para evitar conflictos laborales.
¿Habrá servicios públicos afectados por el día cívico?
En principio, no. Solo las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, tanto central como descentralizado, suspenderán actividades. Esto incluye la Presidencia, la Vicepresidencia, los ministerios, los departamentos administrativos (como el Dapre y el DPS) y otras agencias dependientes del Gobierno central. Además, servicios esenciales como la Policía, salud pública, emergencias, atención y prevención de desastres y organismos de seguridad no podrán suspender sus funciones.
Los organismos de tránsito, como la Policía y las secretarías de Movilidad, estarán activos para garantizar la circulación vehicular. Por otro lado, el transporte público operará normalmente.
Las notarías no están obligadas a suspender actividades, por lo que la mayoría seguirá funcionando. La justicia tampoco detendrá sus términos, y la Fiscalía anunció que prestará sus servicios de forma “normal e ininterrumpida”.
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