La destitución y la inhabilidad por diez años fue la sanción que la Procuraduría General de la Nación impuso a la patrullera Erika Judith Pérez Romero, quien fue señalada de agredir físicamente a un ciudadano durante un procedimiento policial en Bogotá.
El hecho, registrado en video y difundido en redes sociales, ocurrió el pasado 15 de octubre de 2024 en inmediaciones del humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba.
Abuso por parte de patrullera de la Policía
En las imágenes captadas por el celular de la víctima se observa el momento exacto en el que la patrullera propina un golpe en el rostro al joven Juan Sebastián Nova con su bastón ‘tonfa‘, un arma de dotación policial. Según los reportes, Nova debió ser trasladado a un centro médico tras la agresión.
El incidente ocurrió luego de que varias unidades de Policía acudieran al humedal en respuesta a una alerta sobre una presunta persona herida con arma blanca. Al llegar, los uniformados realizaron registros preventivos a varios jóvenes presentes en el lugar. Fue durante uno de estos procedimientos que se produjo el forcejeo con Nova, quien según testigos, se negó a levantar las manos, lo que habría generado la discusión que terminó en la agresión.
La Procuraduría Distrital de Juzgamiento, encargada del caso, concluyó que la conducta de la patrullera fue “gravísima, bajo modalidad dolosa”. En palabras del propio fallo: “El Ministerio Público verificó que la uniformada en medio de un proceso de registro al ciudadano Juan Sebastián Nova, en las inmediaciones del humedal Juan Amarillo en Bogotá, abusó de su posición de autoridad y lo golpeó en su rostro con el arma de dotación bastón tonfa”.
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Investigación concluyó que la patrullera debe ser destituida e inhabilitada por 10 años
El ente de control determinó que Pérez Romero sobrepasó los límites legales de su función y violó los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.
La sanción impuesta, que además de la destitución incluye la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante una década, fue el resultado de la valoración de informes oficiales de la Policía y del material audiovisual recabado.
La Procuraduría reiteró que este tipo de conductas no pueden ser toleradas dentro de la institución policial y reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la legalidad en las actuaciones de la Fuerza Pública.
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