La situación en el Catatumbo, en el norte de Colombia, ha alcanzado niveles críticos debido al enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. Esta guerra ha provocado el desplazamiento de más de 11,000 personas, convirtiéndola en la peor crisis de la región en décadas. En total, se han contabilizado al menos 80 muertos, incluidos siete excombatientes que firmaron la paz y un líder social local. Además, se reporta que 20 personas están secuestradas, según alertas de la Defensoría del Pueblo.
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Las víctimas de este conflicto se están concentrando en los cascos urbanos de municipios como Tibú, Ocaña y Cúcuta. El estadio General Santander de Cúcuta ha sido habilitado para albergar a los desplazados, quienes llegan cada hora con pocas pertenencias y acompañados de sus mascotas. En total, se reportaron 2,178 núcleos familiares desplazados en Ocaña, 5,665 en Cúcuta y 2,500 en Tibú hasta el 19 de enero. La crisis ha afectado gravemente a la población civil, que busca refugio ante la violencia desatada en la región.
Frente a esta situación, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, ha solicitado a la ciudadanía que colabore con donaciones para atender a los miles de desplazados. Se requieren con urgencia ropa, alimentos no perecederos, productos de higiene y otros artículos básicos para las familias afectadas. A través de la solidaridad de la comunidad, las autoridades esperan aliviar un poco las difíciles condiciones en las que viven los desplazados.
Por su parte, un grupo de 93 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos ha solicitado un cese inmediato de las hostilidades y ha exigido el respeto de los derechos humanos en la zona. Las organizaciones piden un corredor humanitario para permitir el rescate de los cadáveres de las personas fallecidas en medio del conflicto, ya que se teme que muchos de ellos queden abandonados en zonas de difícil acceso. El llamado a la paz también incluye un llamado a la desmilitarización de las comunidades, que están atrapadas entre los dos grupos armados.
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Este conflicto no solo ha provocado un desastre humanitario, sino que también ha afectado la economía de la región. La producción agrícola se ha visto gravemente alterada y hay un riesgo de escasez de suministros básicos, como el gas, en los municipios cercanos a los enfrentamientos.
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